La nota expresa:
Me llamo Juan Alduncin, y me doy la posibilidad de escribirle estas líneas para hacerle llegar un pedido desde el amor a la provincia, como así también, desde la necesidad de transmitirle el deseo que la misma tenga una ley que la enaltezca y la haga ejemplar en materia de derechos humanos.
Soy uno de los tantos pampeanos que hemos sido apropiados (antes, mal llamados «adoptados») y no conocemos nuestra identidad biológica. En julio del pasado año, se presentó un proyecto de ley de Identidad Biológica, que, a diferencia de otras leyes provinciales, además de contemplar a los hijos e hijas que buscamos nuestra identidad, hace hincapié fundamentalmente en las madres que han pasado por atroces circunstancias, como por ej, les han dicho que sus hijos han nacido muertos, cuando en realidad, esos hijos habían sido dados en «adopción» como un supuesto «acto de amor».
Mi página web de búsqueda es «Esperanza Pampeana» y participo además en otro grupo de búsqueda como es «Buscadores de Origen», donde diariamente aparecen casos de hijos, hermanas y madres que buscan activamente en la provincia, sus orígenes biológicos. Mi caso es uno más entre miles en La Pampa y millones en el país.
Anhelo con estas líneas y ante el comienzo de un nuevo año legislativo, llegar a su sentido de humanidad en lo personal, como así también en su carácter de Gobernador de la provincia, para que brinde su apoyo y valide el tratamiento del proyecto de ley de Identidad Biológica, que es tan superador en su espíritu, como necesario y urgente para todos los que no sabemos nada acerca de nuestro origen biológico.
En base a mi propia historia, me atrevo a reclamar en nombre de muchas y muchos en similares situaciones, el derecho humano básico de saber quiénes somos y de dónde venimos.
Con el respeto que merece su investidura y persona, lo saludo atentamente, quedando a la espera de una respuesta. –
Juan Mauro ALDUNCIN
DNI: 27.167.746
El pasado año, en la presentación del proyecto de ley en cuestión, los legisladores Balsa y Luján fundamentaron: «En 2001, el Congreso Nacional refuerza jerárquicamente a la CONADI a través de la Ley N° 25.457, funcionando en el ámbito de la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del por entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy en la Argentina, cinco provincias cuentan con una LEY DE IDENTIDAD BIOLÓGICA, ellas son: Santa Fe (Ley N° 13.725), Rio Negro (Ley N° 5.492), Entre Ríos (Ley N° 10.871), Chaco (Ley N° 3.179) y Mendoza (Ley N° 9.182). Casi todas ellas, sancionadas, promulgadas y reglamentadas entre 2019 y 2020. Su aporte es complementario a lo prescripto por Ley Nacional 25.457, particularmente a lo desarrollado por el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad – CONADI)».
Dichas normas amplían el universo de buscadores de identidad, excediendo el período de la última dictadura militar (1976-1983), subrayando el hecho de que muchas apropiaciones de identidad se realizaron y realizan en el ámbito civil, a nivel familiar, con su correspondiente complicidad y entramado delictivo. Hijos y madres por igual pueden buscar su origen en el caso de los primeros, o destino de sus hijos e hijas en el segundo caso, en el marco de estas normas jurídicas; siempre y cuando el Estado les facilite los medios para concretar su cometido y ejercicio legítimo del derecho a la identidad.
Para el caso de La Pampa, los legisladores oficialistas optaron por incorporar la figura de madres buscadoras en la normativa propuesta. Jóvenes madres que en la mayoría de los casos fueron engañadas diciéndoles que sus hijos e hijas habían fallecido en el parto, corroborando luego en tumbas vacías la trágica verdad de lo ocurrido.
«Por todo ello el presente proyecto de Ley intenta desde el Estado, garantizar a las personas interesadas su derecho pleno a la identidad biológica, impidiendo cualquier obstáculo material e institucional que lo cercene, al amparo de normas jurídicas nacionales e internacionales que de antemano ya habilitan dicho proceso. Al mismo tiempo, procura desde lo social poner de manifiesto la gravedad de quienes incurren en tal delito de supresión u ocultamiento de una identidad biológica determinada, alertando sobre el peligro de su naturalización, complicidad y continuidad», expresaron en su momento Balsa y Luján. –
