Sobrevivientes del excentro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield volverán este martes a recorrer los calabozos donde estuvieron cautivos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de una inspección ocular ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos allí y en otros dos establecimientos ilegales.
Según precisó una fuente del Tribunal, la inspección está prevista para las 8.30 en el excentro ubicado en las calles Siciliano y Vernet de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora.
El Pozo de Banfield fue uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar.
«Varios sobrevivientes que estuvieron alojados en el Pozo de Banfield participarán de esta inspección cuyo objetivo es verificar los datos aportados por las víctimas sobre cómo era el sitio donde estuvieron detenidos ilegalmente», detalló la fuente.
En esa dependencia policial, durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 1974 y el 1ro de enero de 1977, funcionaron las divisiones Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, subordinadas a la Dirección de Investigaciones de la policía. A partir del 1ro de enero de 1977, se instalaron las direcciones de Seguridad, Investigaciones e Informaciones.
Tenía tres plantas: en la planta baja se encontraba la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias.
En el primer piso había calabozos, oficinas, comedor, casino de personal, cocinas y baños, mientras que en el segundo piso había más celdas de apenas 1,50 por 2,50 metros y sanitarios. En ese piso, en total, había 24 calabozos, divididos en dos sectores para hombres y mujeres.
El Pozo de Banfield tenía la particularidad de ser un centro de recepción y permanencia transitoria de detenidos, pero cobró macabra notoriedad por ser un lugar en el que se practicó tortura sistemática y violencia sexual, como parte de una estrategia militar de deshumanizar a las personas secuestradas.
En el lugar también se instaló una maternidad clandestina, desde la que se sustrajo, ocultó y cambió la identidad de hijos e hijas de personas secuestradas.
A fines de 1978 se desmanteló el centro clandestino y el edificio siguió siendo utilizado para alojar detenidos legales hasta mediados de los ’90.
El 30 de agosto de 2006 el decreto 2.204/06 desafectó el uso del inmueble a favor de la Secretaría de Derechos Humanos con destino al funcionamiento de un espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos.
En septiembre de 2015 se firmó el convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su par nacional y el municipio de Lomas de Zamora para crear una comisión interjurisdiccional.
En el transcurso del año 2017 se realizó una obra de puesta en valor de un sector del edificio para el funcionamiento del espacio para la memoria y posteriormente se abrieron las puertas al público para recorrerlo.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
