Este jueves 4 de julio se cumplieron cinco años de la aprobación de la Ley 27.447, más conocida como “Ley Justina”, que suprimió el requisito de certificación familiar en relación a la persona fallecida que no hubiera expresado una ‘última voluntad’ en la cual se oponía a la donación.
En este contexto, el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, anunció que se consiguió disminuir la tasa de interrupciones de procesos de donación por oposición familiar, que antes se ubicaba en torno al 40%, al diez por ciento.
Soratti destacó a Télam que “suprimir el requisito de certificación familiar hizo que en Argentina se incrementara el número de donantes de manera importante y se redujeran aquellas interrupciones por oposición familiar, como se llamaba entonces”.
En este sentido, el médico con especialización en Terapia Intensiva explicó “antes de que sancionara la ley, las causas de interrupción de procesos de donación que se atribuían a la oposición de la familia estaban entre el 30 y el 40 por ciento, como media nacional. Hoy en día casi no llegan al diez por ciento. Hubo una disminución muy importante. Ese fue uno de los impactos más inmediatos y notables de esa modificación de la ley”.
Entre los principales cambios que implementó esta nueva norma, la ley hace efectivo el consentimiento presunto, lo que implica que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo aquellas que manifiesten expresamente lo contrario.
Asimismo, se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino. (InfoGEI) Mg
