La Colonia Aborigen Napalpí fue elegida especialmente para desarrollar este gran encuentro, ya que están conmemorando los 100 años de lo que se conoció como la “Masacre de Napalpí”, ocurrida un 19 de julio de 1924.
El Gobierno de La Pampa como Estado garante de derechos, colaboró con la logística de traslado de las comunidades que así lo solicitaron, a través del Consejo Provincial del Aborigen.
Sobre el encuentro
Convocados por los qom, wichi, mocovi y vilelas de lo que hoy es el Chaco, hermanos de diferentes pueblos y naciones originarias se unieron en estos días para seguir debatiendo sobre sus realidades, espacios de participación y reflexión, con respeto por las diferencias y en la búsqueda de consensos.
Manifiestan que en estos últimos años se lograron grandes conquistas en el territorio a nivel internacional, como el histórico juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, en el que el Estado argentino reconoció haber cometido un crimen de lesa humanidad contra los pueblos originarios, un genocidio indígena “con el objetivo de despojarnos de nuestras tierras y sumergirnos en la explotación, por lo que ahora deben cumplir con la reparación histórica”.
La Masacre de Napalpí
El 19 de julio de 1924 fueron asesinados unos 500 pobladores qom y moqoit en la “Reducción de indios” en Chaco, mientras reclamaban mejores condiciones de vida. Es la historia de uno de los episodios más oscuros y crueles de la Argentina. Y uno de los más silenciados; un genocidio indígena cometido por el Estado argentino, cuyo reconocimiento y reparación aún sigue en proceso.
La búsqueda de la verdad sobre estos hechos surgió del mismo pueblo qom y moqoit, a partir de la recopilación y escritura del historiador qom Juan Chico, que falleció durante la etapa de investigación de la causa judicial. Sin embargo, su legado forma parte de la sentencia histórica ocurrida el 30 de junio de 2022, última etapa de un juicio que no tuvo como objetivo la condena penal sino la búsqueda de la verdad y la reparación.
El 19 de julio de 1924 en la llamada «Reducción de indios» de Napalpí, ubicada en El Aguará, Chaco, al menos mil indígenas del pueblo qom y moqoit realizaban una medida de protesta y reclamaban alimentos, reunidos en las tolderías. Días antes habían negociado con el gobernador Fernando Centeno algunas mejoras a sus condiciones de vida, incluidas la entrega de dos vacas y algunos kilos de galletas ya que hacía días que no comían, promesas que habían sido incumplidas. Pero además, por reclamo de los hacendados, no se les permitía partir a las cosechas del norte donde, probablemente, tendrían alimento.
Según pudo probarse por documentación histórica, la matanza fue planificada desde el Estado nacional en connivencia con autoridades provinciales y hacendados, y ejecutada por un centenar de policías nacionales, gendarmes y civiles armados, ayudados por logística aérea. Ese día, al menos 130 habían llegado a la reducción y esperaban cerca del campamento indígena. Entonces, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco II, sobrevoló la zona y comenzó a arrojar comida y caramelos. Cuando se amontonaron para levantarlos (sobre todo niños) comenzaron las balas. De manera ininterrumpida, según pudo reconstruirse en la causa, dispararon más de 5 mil proyectiles por 45 minutos. Entre 400 y 500 mujeres, niños, hombres y ancianos fueron asesinados. A los que quedaron en pie, les hicieron cavar la fosa que luego sería su tumba. A quienes lograron escapar, los salieron a cazar durante meses. Lo que siguió por casi un siglo fue silencio.
El juicio por Napalpí
“Fue un desafío importante la investigación de un hecho que ocurrió hace 100 años, tenía la cuestión de la interculturalidad al ser víctimas indígenas y pudimos resolverlo ya que había un proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la propia comunidad, encabezada por el historiador Juan Chico”, destacó en una entrevista Diego Vigay, de la Fiscalía Federal de Chaco.
El proceso incluyó la recopilación de voces realizada por Chico y también la producción científica de especialistas del Conicet, para establecer el contexto y lo que derivó en la masacre: “Ese enorme plafón nos permitió llevar adelante la investigación, la recolección de la prueba, la reconstrucción de cómo fueron los hechos y llegar a la instancia de juicio”.
Vigay destaca el rol estratégico del Archivo General de la Nación y del Archivo Provincial Histórico de Chaco, que “buscaron durante meses en los pliegues mas recónditos de la burocracia estatal, pruebas e indicios de lo que había sido la masacre, de las condiciones de vida en la reducción y salieron como testigos”.
El fiscal asegura que este juicio fue especialmente importante para el Poder Judicial de Chaco, porque promovió un aprendizaje desde la interculturalidad: se le dio prioridad a los testimonios indígenas y la posibilidad de uso de la lengua de su pueblo, “pero sobre todo, se pudo valorar el testimonio de hijos y nietos de descendientes (de las víctimas) por lo que es la tradición del relato oral”.
En mayo de 2022 culminó el juicio oral por la matanza. La sentencia que emitió el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Chaco, dio por probados los hechos ocurridos en 1924 en Napalpí y dictó una serie de medidas reparatorias en lo que consideró un crimen de lesa humanidad.
