Las audiencias son presididas por la jueza Alejandra Ongaro, con la intervención de la Fiscala de Género, Cecilia Molinari, la defensa de María Gabriela Brizzi y Aldana Prost, como querellante en representación de la familia paterna.
El caso se originó en 2018, por una denuncia de la abuela de la menor ante la Fiscalía y con intervención de la Oficina de violencia doméstica. La madre de la niña, su padrastro y el grupo familiar se encontraban en General Pico y luego regresaron a Toay. Allí tomó parte la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos (OAVyT).
En aquel momento, la víctima no se encontraba en condiciones de declarar en Cámara Gesell, principalmente por interferencia de su madre en los espacios de escucha. La guarda de la menor quedó a cargo de su abuela y de su padre, expareja de la madre
En 2022, la víctima relató a una compañera de la escuela que sufría abusos por parte de su padrastro, pero fue hasta 2023 donde se pudo comprobar la existencia del delito.
Además, la familia perdió la tenencia de otros tres hijos, todos del imputado, por situaciones de violencia y vulneración de sus derechos.
