En uno de ellos, diputados y diputadas de los tres bloques opositores proponen derogar el artículo N° 4 de la ley provincial N° 3.582 por el cual se incrementó la alícuota prevista en la Ley Impositiva 2024 para las actividades desarrolladas por los bancos u otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras N° 21.526.
Mientras que la otra iniciativa es la del bloque FreJuPa que proyecta modificar el artículo 4 de la Ley N° 3582, para que quede redactado de la siguiente forma: “Artículo 4.- Increméntese la alícuota prevista en la Ley Impositiva 2024 para las actividades desarrolladas por los Bancos u otras instituciones sujetas a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 que registren habilitadas ante el Banco Central de la República Argentina más de Treinta (30) Agencias y/o sucursales en el Territorio de la Provincia de La Pampa (Cód. Act. 641910, 641920, 641930 y 641941) fijándose en el veinte por ciento (20%). El presente incremento tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2024.
Una vez concluida esta sesión especial, legisladores y legisladoras llevarán adelante, en el recinto, la sesión ordinaria ya prevista.
Comisiones de hoy
En la mañana de hoy se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Pérez Araujo, y se trató el proyecto de ley por el que se transforman las Asesorías de Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera, Segunda y Tercera circunscripción judicial de la provincia en Defensorías en lo civil. Fueron invitadas para debatir sobre esta iniciativa las asesoras de NNyA, Graciela Lilia Massara, María Gabriela Manera, Elisa Alejandra Catán y María Agostina Pensa.
En su exposición, Agostina Pensa manifestó su preocupación ante el proyecto de ley, señalando que la normativa es “regresiva”, ya que “debilita” la especialización que actualmente poseen las asesorías en materia de atención a niñas, niños y adolescentes. Según Pensa, “esta especialización no puede ser reemplazada por las defensorías civiles, las cuales están orientadas a atender problemáticas de adultos”, dijo.
“Las defensorías civiles -continuó Pensa- se enfocan en la representación legal de adultos, mientras que nosotros intervenimos en todos los procesos penales desde una perspectiva centrada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nuestro trabajo no solo se limita a la defensa, sino que también formulamos propuestas para mejorar la situación de estos derechos, razón por la cual consideramos que este proyecto implica un retroceso significativo”, afirmó la asesora de la Tercera circunscripción.
Asimismo, Pensa destacó que la legislación pampeana ha avanzado hacia una mayor especialización en la protección de la infancia y adolescencia, siguiendo estándares convencionales. En este sentido, advirtió: “La implementación de este proyecto generaría un retroceso respecto a los avances logrados en la materia”.
En la misma línea, Elisa Catán expresó que esta iniciativa representa una “regresión” en las políticas provinciales, en un contexto donde otras provincias avanzan hacia una mayor protección de los derechos de la infancia.
“Es preocupante que se estén destinando los recursos actualmente asignados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para ser utilizados en la atención de adultos. Si bien no desconozco las necesidades existentes en ese ámbito, considero que las defensorías civiles disponen de recursos desaprovechados, debido a la falta de una gestión eficiente. No podemos permitir que los menores queden desprotegidos al desviar estos recursos tan esenciales”, afirmó Catán.
Y agregó: “Me preocupa que se termine manoteando el recurso de los niños para llevarlo a los adultos. No desconozco las necesidades que hay, pero se que dentro de las defensorías civiles hay muchos abogados desperdiciados por la falta de gestión”, indicó la asesora de la Segunda circunscripción.
Ante esto, el autor del proyecto de ley, el diputado Hernán Pérez Araujo, señaló que “la intención no es manotear recursos de niños para la adultez, la intención es revalorizar las defensorias”, dijo. Y sumó: “Me hago cargo de un error en la redacción de la inicaitiva. No serían defensorias civiles, sino defensorias específicas”.
Tras la exposición de las asesoras, se hicieron presentes en la Sala de Comisiones el Defensor General, Martín Saravia, y la Defensora Penal, María Antonella Marchisio, quienes aportaron sus perspectivas respecto al proyecto de ley en debate.
Saravia destacó que el proyecto representa un “avance significativo” y constituye un paso culminante en la labor integral de la Defensoría General. “Las defensorías trabajan en la protección de derechos civiles y penales, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la incorporación de las asesorías a las defensorías supone una mejora constitucional. En la provincia de La Pampa, este cambio representa un salto de calidad sustancial, con una ubicación constitucional adecuada”, afirmó Saravia.
Por su parte, la Defensora Penal, María Antonella Marchisio, señaló que, aunque su función se desarrolla en el ámbito penal, posee experiencia en el ámbito administrativo en lo relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes. “El trabajo que venimos realizando desde la defensoría está vinculado a la especialización en la transformación del sistema, que hasta el momento ha sido mayoritariamente civil. Si buscamos una figura que defienda los derechos tanto en procesos judiciales como en ámbitos de protección, es en la defensoría donde ese rol debe consolidarse”, sostuvo Marchisio.
Asimismo, la defensora subrayó la importancia de elevar los estándares y reconocer plenamente el rol de las defensorías en estos casos. “Si no nivelamos hacia arriba y otorgamos a las defensorías el lugar que les corresponde, corremos el riesgo de quedarnos rezagados. Para aquellos procesos que hoy requieren la intervención de una asesoría, se debe contar con la figura del defensor para garantizar una adecuada protección de los derechos”, concluyó.
Investigación y reclamos públicos
El diputado de Comunidad Organizada, Maximiliao Alliaga, presidió hoy la reunión de la comisión de Investigación y Reclamos Públicos en la que los diputados y diputadas que la integran, escucharon a la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en General Acha, Norma Ojeda, que expuso la situación que los trabajadores dicen padecer en el hospital Padre Angel Buodo, de esa localidad.
Haciendo la aclaración del interés que les despertaba escuchar a la sindicalista sobre tan particular situación, el diputado Hernán Pérez Araujo le reclamó encendidamente al presidente de la comisión la obligación de atenerse a lo que reglamentariamente está establecido para el normal funcionamiento de las comisiones y, en ese sentido, puntualmente le demandó que la invitación a Ojeda no había sido dispuesta por la comisión, que es lo que corresponde.
“No todo es joda –le espetó Araujo haciendo referencia al modo particular en el que suele expresarse Aliaga- y no se puede aceptar que de modo intempestivo convoque a una invitada sin que el resto de los integrantes de la comisión estemos informados”.
Ojeda puntualmente hizo mención a la preocupación que les genera “la estafa denunciada por una trabajadora de Unanue”, de la que dice haber sido víctima por parte del titular del hospital Buodo, Rodrigo Ortíz, y los integrantes de la cooperadora del nosocomio que “le hicieron presentar una factura por un millón y medio de pesos y le pagaron sólo 125 mil pesos”. También dijo que no había sido la única estafada, pero que “el resto no presentaron ninguna denuncia porque el ministerio de salud les regularizó su situación laboral, algo que no hicieron con quienes sí denunciaron al director”.
También recordó que en la fiscalía de investigaciones administrativas “está tramitando la denuncia de otra empleada que el año pasado fue increpada por el director del hospital que le dio un revolver diciéndole: tiene una bala en el cargador, así que no vayas a errarle”. Ojeda dijo que es común verlo a Ortíz paseándose por el hospital “con ese revolver en la cintura”.
“Del hostigamiento, la persecución y el maltrato del director para con el personal, está absolutamente al tanto el secretario de salud de la provincia –que en una oportunidad, en el 2015, lo desplazó del cargo a Ortíz-, el ministerio y el fiscal de General Acha, que es su amigo”. Ojeda pide que “el gobernador destituya a Ortíz”, pero también “que no ponga en su lugar a ninguno de sus antecesores”.
Mientras la diputada María Laura Trapaglia destacó “la valentía” de la invitada “para denunciar todas esas cosas”, reveló que en la sesión de mañana se estará tratando el pedido de informes al ministerio de salud por la situación en el Buodo, y se preguntó “hablan del Estado presente pero en este caso ¿El Estado dónde está?”; la diputada Patricia George aseguró que “de acuerdo a la división de poderes, lo único que las y los diputados podemos hacer es solicitar un pedido de informes y eso es lo que ya hemos acordado en comisiones en la sesión de mañana”.
La diputada del FreJuPa le advirtió a Ojeda que “no podemos pedir que el gobernador destituya a nadie, ni que designe o no designe a alguien en particular”. De todos modos le aclaró que “en lo particular estoy preocupada y ocupada como sindicalista de UPCN a la que pertenezco, por esta situación. En la semana ya he estado tres veces en Acha interiorizándome de todo”, manifestó.
