Se trata de trabajadores de Victorica y General Pico, según se pudo conocer. De esta manera, se suman a otros cuatro que ya habían sido despedidos en diciembre de 2024.
Este martes 21, en la sede central del PAMI, más de 100 empleados se encontraron con la imposibilidad de fichar, ya que el sistema rechazaba sus huellas dactilares. Este hecho, que afecta principalmente a trabajadores, indica que serían alrededor de 200 los despidos que aún no han sido formalmente notificados.
Los trabajadores se concentraron en el hall de la sede central del organismo (Av. Corrientes 650), exigiendo respuestas y acompañados por el personal de seguridad privada que desempeña funciones en el edificio.
La Junta Interna de Delegados de ATE en PAMI declaró el estado de alerta, sumándose al rechazo de otras organizaciones hermanas.
Desde ATE denunciaron este atropello como parte de un proceso sistemático de desguace de los organismos públicos por parte del Gobierno Nacional, una política que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y el acceso de los sectores más vulnerables a servicios esenciales.
