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Condenan a un joven a tres años de prisión condicional por tenencia y distribución de pornografía infantil

El juez de control de General Acha, Diego Asin, dictó una sentencia de tres años de prisión de ejecución condicional contra un joven de 25 años domiciliado en La Adela, por los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil, tipificados en el artículo 128 del Código Penal argentino, en el marco de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según el fallo, se acreditó que entre fines de junio de 2023 y principios de febrero de 2024, el acusado utilizó dispositivos de almacenamiento para obtener y distribuir material obsceno de pornografía infantil. El joven, valiéndose de redes sociales como Instagram, compartió dicho contenido en reiteradas ocasiones con distintos usuarios tanto dentro del país como en el extranjero, operando bajo diferentes alias.

El juez destacó que también se comprobó una conversación en la plataforma de mensajería Discord, vinculada a un correo electrónico de Gmail, en la cual el imputado mantuvo un intercambio de contenido sexual con un menor de edad. Las maniobras delictivas fueron rastreadas a través de la dirección IP de una empresa proveedora de internet en La Adela, información que fue aportada por tres reportes enviados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La condena se dictó tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado presentado conjuntamente por la fiscala de General Acha, Paula Soledad Duscher, el defensor oficial Marco Mezzasalma y el propio Muñoz, quien reconoció su responsabilidad en los hechos. De acuerdo con el Código Procesal Penal de La Pampa, en este tipo de procedimientos los jueces no pueden imponer penas más severas que las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

La sentencia de ejecución condicional implica que el condenado no cumplirá prisión efectiva siempre que cumpla con las condiciones impuestas por el juez durante el período establecido. Este caso pone de relieve la labor de las autoridades en la persecución de delitos informáticos que vulneran los derechos de menores, así como la aplicación de herramientas tecnológicas para identificar y sancionar a los responsables.

Con información de Noticias del Sur