El diputado Federico Ortiz, autor del proyecto y exintendente de la localidad, fue el encargado de exponer los fundamentos. “Durante cuatro periodos adquirimos varias propiedades sin necesidad de recurrir a la expropiación, siempre mediante acuerdos. Pero en este caso no fue posible”, explicó en referencia a las frustradas negociaciones con los propietarios del terreno, que se extendieron durante años.
Ortiz destacó la ubicación estratégica del predio, situado sobre la Ruta Provincial Nº 1, una de las más transitadas de La Pampa. “La demanda de servicios está concentrada en ese lugar. Aproximadamente, por esa ruta circula diariamente un volumen de personas equivalente a toda la población del pueblo”, señaló, y agregó que experiencias similares en otras localidades avalan la eficacia de estas ubicaciones para el desarrollo comercial.
“Estamos hablando de generar trabajo genuino, diversificar la economía local, y de una acción concreta que el Estado puede impulsar para fomentar ese crecimiento”, manifestó.
El legislador también subrayó que el proyecto responde a una necesidad urbanística: “Hoy un herrero puede instalarse en cualquier barrio porque el intendente necesita fomentar el empleo, pero eso genera conflictos con los vecinos. Este parque permitirá ordenar y dar respuesta a esas situaciones”, explicó.
En cuanto a la infraestructura del lugar, resaltó su proximidad a servicios esenciales como gas y energía eléctrica, lo cual facilitaría el desarrollo del predio.
Ortiz reconoció demoras en las gestiones por intentar alcanzar un acuerdo con los dueños del campo, dos hermanos herederos que no residen en la localidad. “Por buscar consenso, perdimos tiempo valioso. Incluso dejamos pasar un programa nacional que financiaba infraestructura para parques industriales, pero exigía que el terreno estuviera escriturado”, lamentó. Las negociaciones concluyeron luego de que los propietarios exigieran el pago en dólares billete, condición que el Estado no puede cumplir.
Durante el plenario, el diputado Hernán Pérez Araujo respondió a cuestionamientos sobre la instancia de expropiación y aclaró que la sanción de la ley no implica necesariamente avanzar judicialmente. “Permite al municipio contar con una herramienta legal para seguir intentando llegar a un acuerdo con los propietarios”, indicó.
Finalmente, ante una consulta sobre la distribución futura de los terrenos, Ortiz anticipó que el parque podría contar con 47 parcelas. “Serán adjudicadas a través de distintas figuras legales, desde el comodato hasta la compra-venta. Todo será definido en una mesa de trabajo amplia”, concluyó.
