El proyecto, basado en el artículo 42 de la Constitución Provincial y en la Ley N° 3285 de Régimen de Desarrollo Energético, apunta a garantizar la transparencia, eficiencia y equidad en la prestación del servicio público de energía.
Cuadrado también convocó a brindar explicaciones ante la Legislatura a autoridades de APE, la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO), Defensa del Consumidor y la Subsecretaría de Cooperativas. Entre los temas requeridos, se destacan el estado de la deuda acumulada por las cooperativas, el esquema actual de control estatal, las inversiones realizadas, los subsidios y créditos otorgados, y los detalles de facturación que afectan a los usuarios.
“La Provincia paga en tiempo y forma a CAMMESA, mientras las cooperativas acumulan deudas millonarias con APE, que terminan cubriéndose con fondos públicos. Es necesario transparentar esta situación y proteger los derechos de los usuarios», expresó la legisladora.
Actualmente, el único control vigente consiste en la presentación mensual de declaraciones juradas sobre facturación y costos, lo cual Cuadrado considera “claramente insuficiente”. En este contexto, también pidió informes detallados sobre el convenio de regularización firmado en 2022, la situación patrimonial de APE y los ítems incluidos en las facturas como alumbrado público, tasa de capitalización y fondo compensador.
«El gobierno provincial mira hacia otro lado mientras muchas cooperativas acumulan deudas millonarias sin controles efectivos. La falta de transparencia, información pública y responsabilidad de gestión afecta no sólo a los recursos públicos, sino también a la calidad del servicio que reciben miles de pampeanos», agregó.
Según explicó la diputada, el acceso a esta información fue posible tras meses de insistencia, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El informe obtenido motivó la elaboración del proyecto de resolución.
Finalmente, Cuadrado subrayó la necesidad de fortalecer el modelo cooperativo con controles reales y responsabilidad económica:
“El acceso a la energía no puede estar en discusión. Es un derecho básico que debe garantizarse con eficiencia, legalidad y equidad”, concluyó.
