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¿Convenio inexistente? polémica por el Consultorio Jurídico Gratuito

La concejala Nora Alicia Rodríguez, presidenta del bloque del Partido Justicialista, presentó una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Luis Alberto Ordoñez, solicitando al Departamento Ejecutivo una copia del supuesto convenio celebrado entre la Municipalidad de Eduardo Castex y la Universidad Nacional de La Pampa, relacionado con la instalación de un Consultorio Jurídico Gratuito en el ámbito municipal.

El pedido se fundamenta en las declaraciones del propio presidente del Concejo y de la concejala Silvina Soncini, quienes durante la última reunión de comisión —realizada el martes 8 de abril— aseguraron que dicho convenio ya habría sido firmado en agosto de 2024, según lo expresado por la intendenta Mónica Curutchet.

Sin embargo, Rodríguez remarcó que durante gestiones realizadas por el cuerpo deliberativo ante autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, se informó que no existe actualmente ningún convenio firmado ni en ejecución con esta Municipalidad en relación al servicio mencionado.

“Me llama la atención que, habiendo presentado el proyecto de resolución para la implementación del consultorio jurídico gratuito el 17 de diciembre de 2024 en comisión, luego tratado en sesión el 19 de diciembre y aprobado el 13 de marzo de 2025, nadie advirtiera que supuestamente ya existía un convenio firmado”, expresó la edil justicialista.

Además, relató que el tema volvió a tratarse en comisión el 1º de abril y, cuando solicitó su tratamiento formal el 8 de abril, se le informó que no sería necesario porque el convenio ya estaba suscripto. “Me dijeron que la secretaria de Gobierno Florencia Zumel me daría todas las respuestas”, señaló.

Rodríguez, visiblemente molesta, afirmó: “Como me siento muy comprometida en la idea de construir un Estado más justo y accesible para todos, no voy a permitir que se siga dilatando la implementación de una herramienta fundamental para las personas de nuestra localidad”.

Finalmente, la nota presentada remarca la necesidad de contar con documentación fehaciente que acredite lo afirmado por el Ejecutivo, para evitar confusiones institucionales y avanzar en la garantía de acceso al asesoramiento jurídico gratuito, un derecho esencial en el marco de un Estado de Derecho.