La Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa expresó su enérgico repudio ante la decisión del Gobierno nacional de trasladar al exmarino Alfredo Astiz y a otros doce represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La medida fue dispuesta por el Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Desde el área pampeana consideraron que esta decisión constituye “una maniobra para garantizar condiciones de detención de privilegio” a quienes fueron hallados culpables por su participación en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar.
“El traslado de represores como Alfredo Astiz a una unidad militar en Campo de Mayo es un nuevo avance en la política de impunidad y olvido promovida desde el Poder Ejecutivo Nacional”, señalaron desde la Subsecretaría. Recordaron además que estos mismos represores fueron visitados el año pasado por diputados del bloque La Libertad Avanza, quienes manifestaron públicamente su intención de obtener su liberación.
En el comunicado oficial, el organismo pampeano subrayó: “Consideramos que las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por delitos de lesa humanidad deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos. Estas maniobras orquestadas desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional en el marco de una política negacionista no deben ser permitidas, como ocurrió en este caso, por los jueces que favorecieron las condiciones de detención”.
La Subsecretaría reiteró su compromiso con la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, y exhortó a las instituciones democráticas a frenar cualquier intento de retroceso en las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos en la Argentina.
