La investigación fue impulsada por el fiscal Matías Juan, quien detalló que el hecho salió a la luz en enero de este año, a partir de una denuncia presentada por la víctima, de alrededor de 80 años, con el patrocinio legal del abogado Pedro Febre. El acusado, sobrino de la denunciante, administraba un campo de su propiedad en virtud de un contrato, aprovechando la confianza de la mujer y su experiencia en la actividad ganadera, informó El Diario.
Entre octubre de 2023 y enero de 2024, el imputado habría vendido todo el stock del establecimiento —un total de 498 animales— sin conocimiento ni autorización de su tía y sin rendir cuentas del producido de dichas operaciones. El delito quedó expuesto durante una inspección de rutina realizada por personal del SENASA, acompañado por efectivos de la Policía de Seguridad Rural, quienes constataron la ausencia total de ganado.
El fiscal explicó que esta situación motivó discusiones entre la víctima y su sobrino, lo que finalmente derivó en la denuncia penal. “Estamos ante un manejo infiel de intereses patrimoniales ajenos. Vendió los animales en beneficio propio, no de la dueña”, señaló.
La Fiscalía propuso inicialmente la figura de «administración infiel», aunque también se baraja «estafa» o «abuso de confianza», con penas que oscilan entre 1 mes y 6 años de prisión. No obstante, ante la magnitud del perjuicio, se evalúa solicitar una condena de cumplimiento efectivo.
Por su parte, la querella sostiene la figura de «abigeato agravado», al entender que se trató de una sustracción de ganado cometida por una persona dedicada a la comercialización de animales. Esta figura contempla penas de 4 a 10 años de prisión.
El imputado, defendido por el abogado Ariel García, no declaró durante el proceso, aunque su estrategia será atribuir la venta de los animales a la propia tía, lo que fue calificado como «llamativo» por el fiscal: “La señora se quedó sin animales, sin dinero, y sin saber siquiera cómo se llevaron adelante las ventas”.
El caso se encuentra en la etapa de preparación del juicio: se sorteará próximamente al juez unipersonal que presidirá el debate y se fijará la fecha de inicio del proceso oral.
Los animales fueron considerados irrecuperables, y el daño patrimonial —según la estimación realizada en 2023— ronda los 500 millones de pesos.
Con información de El Diareio
