«Se trata de un hecho de suma gravedad, que atenta contra la convivencia democrática, la paz social y el ejercicio legítimo de las responsabilidades institucionales», expresaron en un comunicado. En el mismo, remarcaron que “la violencia no puede ni debe formar parte del debate público ni de la vida política de nuestras comunidades”.
La situación fue calificada como alarmante no solo por su impacto sobre Vega, sino también por el efecto que genera sobre el equipo de trabajo municipal y la comunidad local, especialmente «en un contexto donde la demanda social requiere más diálogo, presencia estatal y respuestas concretas, no intimidación ni agresiones».
Desde la bancada radical reafirmaron su solidaridad con el jefe comunal, destacaron su compromiso de gestión y exigieron garantías para que pueda desarrollar su tarea con normalidad. También instaron a todos los actores políticos y sociales a actuar con “altura cívica y respeto mutuo”, advirtiendo que “no hay excusas que justifiquen el hostigamiento o la amenaza como formas de presión”.
“La democracia se construye con palabras, no con golpes”, concluye el pronunciamiento legislativo.
