En el marco de una protesta realizada por empleados del Distrito 21 de Vialidad Nacional, distintas voces se alzaron con contundencia para denunciar el vaciamiento del organismo, el deterioro creciente de la red vial y la amenaza de privatización de rutas clave, sin mejoras sustanciales. En representación del Gobierno provincial el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, apoyó al reclamo de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), quienes se encuentran en estado de alerta frente al vaciamiento que, aseguran, está ejecutando el Gobierno nacional en distintos organismos estatales. Uno de los más afectados, señalaron, es justamente el Ente encargado del mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.
Los empleados manifestaron su preocupación ante posibles despidos y el debilitamiento de funciones esenciales del organismo. En La Pampa, el Distrito 21 de la DNV atraviesa momentos de incertidumbre frente a las políticas de ajuste implementadas por la administración del presidente Javier Milei.
“Nos sumamos al reclamo de los viales, como venimos haciendo en defensa de Vialidad Nacional como órgano rector de la transitabilidad en todo el país”, declaró Intronati a la Agencia Provincial de Noticias. “Es un organismo fundamental para el mantenimiento de rutas que conectan al país de norte a sur y de este a oeste, y que garantizan la movilidad económica, productiva y social de todos los argentinos”.
Presencia provincial y preocupación por concesiones sin obras
Durante la jornada, el ministro también participó activamente en la protesta. “Estamos acompañando desde hace tiempo. Fuimos a la Comisión de Obras Públicas en Diputados, al CIMOP, y ahora estamos presentes junto a los trabajadores viales del Distrito 21”, expresó.
El funcionario manifestó su preocupación por los nuevos pliegos de concesión vial que se debatirán en audiencias públicas los días 11, 12 y 13 de junio en la provincia de Buenos Aires. “Las rutas nacionales concesionadas, como la 5 y la 188, no van a recibir las mejoras prometidas. No hay autovías, rotondas ni obras estructurales. Solo se habla de una repavimentación de 3 cms. de espesor, algo meramente cosmético”, denunció.
También se refirió a la instalación de una cabina de peaje en Lonquimay, en plena provincia de La Pampa, “sin ninguna mejora real en la traza”.
“Tenemos 1.479 kms. de rutas nacionales en La Pampa. ¿Qué pasa con la Ruta 151, la 152, entre otras? Las rutas provinciales están siendo afectadas porque no están diseñadas para el tráfico pesado que debería circular por las nacionales. El desgaste que están sufriendo es preocupante”, explicó Intronati, agregando que esto ha obligado a Vialidad Provincial a redoblar sus esfuerzos.
Vialidad Nacional: una institución estratégica
Vialidad Nacional es responsable de la construcción, mantenimiento y gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Su rol es esencial para garantizar la conectividad terrestre, el transporte de bienes y personas, y la integración territorial. La posible reducción de sus funciones, advirtieron desde diversos sectores, podría tener consecuencias graves no solo en lo laboral, sino también en la seguridad vial y el desarrollo económico del país.
El pronunciamiento de Intronati se suma al creciente rechazo de gremios, trabajadores y organizaciones sociales que denuncian el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de áreas estratégicas en nombre del ajuste fiscal. En La Pampa, los empleados de Vialidad Nacional aseguran que seguirán en estado de alerta hasta que existan garantías concretas sobre la continuidad de sus funciones y la protección de sus fuentes laborales.
Un plan de contingencia ante un eventual desmantelamiento
Intronati reconoció que existe un plan provincial de contingencia en caso de que el Gobierno Nacional avance con el desmantelamiento de Vialidad Nacional. “Es el último escenario que deseamos, pero si llega a suceder, el gobernador Sergio Ziliotto ya presentó una propuesta en enero al ministro Luis Caputo, solicitando la transferencia de 600 km de rutas nacionales estratégicas para garantizar la transitabilidad norte-sur y este-oeste en la provincia. Hasta ahora, no hemos tenido respuesta”, concluyó.
Voces del Distrito 21
La ingeniera civil Elisabet Ricca fue una de las voces más críticas hacia el accionar del Gobierno nacional. “Creo que ellos no tienen conciencia, son inquilinos, están por un rato. Eso es lo que más duele. Acá estamos defendiendo una fuente de trabajo, pero también una vocación de vida. Hay gente con 25 o 30 años de carrera en esta repartición”, afirmó.
Ricca también cuestionó la estigmatización del trabajador estatal. “Nos han querido dividir como sociedad. Instalaron la idea de que el empleado estatal es vago o ineficiente. Buscan un desperfecto para generalizar. Pero cualquiera puede ver nuestro estándar de vida: somos padres, profesionales, ganamos menos que en el sector privado, pero elegimos esto porque nos apasiona”, sostuvo.
“Vialidad es identidad, es patria. Es llegar a los rincones más alejados del país, donde muchos no van. No es solo un contrato o una carpeta de asfalto: acá hay historia y compromiso”, remarcó.
Por su parte, el ingeniero Jorge Campaneli advirtió sobre el estado crítico de las rutas nacionales. “La red está deteriorada, y más temprano que tarde alguien tendrá que repararla. Sabemos que esas obras cuestan millones y han sido financiadas históricamente por organismos internacionales. Cuando lleguen esos fondos, ¿quién va a ejecutar las obras si Vialidad Nacional desaparece?”, se preguntó.
Además, defendió la continuidad de la Dirección Nacional de Vialidad, una institución con más de 90 años de historia y capacidades técnicas. “Hoy está adormecida por falta de recursos, pero es clave evitar su cierre”, concluyó.
