Con la firma del presidente Javier Milei, el decreto habilita a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) a autorizar de forma excepcional a los legítimos usuarios la adquisición y tenencia de este tipo de armamento, siempre que se acrediten usos deportivos u otros fines lícitos.
En concreto, la normativa establece que la ANMaC podrá autorizar a civiles registrados como legítimos usuarios de armas de uso civil condicional a comprar y poseer “armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR”.
La resolución detalla que los interesados deberán demostrar “usos deportivos probados y cumplir con las condiciones objetivas que establezca la agencia”, lo que sugiere que no se tratará de una autorización automática sino sujeta a criterios específicos de evaluación.
Este cambio en la política armamentística representa una flexibilización sin precedentes en el régimen de control de armas en el país, en línea con la postura del actual gobierno sobre la ampliación de libertades individuales. El anuncio ya genera debate entre sectores que ven con preocupación el potencial aumento en la circulación de armas de alto poder en manos de civiles.
