Sobre el filo del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno nacional hundió la motosierra en los organismos tecnológicos. En la madrugada del martes publicó el decreto que introdujo transformaciones significativas en siete dependencias estatales. Entre los cambios más destacados, se incluyeron la eliminación de la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), en el marco de una serie de reformas que también contemplaron disoluciones y fusiones.
El decreto transformó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. La excusa es enfocarlo en la “innovación y la transferencia tecnológica”, que en rigor es el corazón de su actividad, y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.
La dotación del Inta es de 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $ 229.000 millones. El gobierno objeta en los fundamentos del decreto su “enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030”, que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El deseo de control político de la institución reaparece en el párrafo del decreto en el cual se cuestiona que su “carácter descentralizado” derivó en “una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”, dijo.
El proceso de desguace del Inta se inició hace un tiempo e incluyó la intervención de la Dirección Nacional formada por empleados de carrera elegidos por concurso. En cambio, se dispuso la creación de una gran secretaría administrativa, que absorbió 7 de las 10 direcciones nacionales. También se comenzaron a paralizar proyectos, desfinanciar investigaciones y a forzar la salida de varios trabajadores.
Protestas de trabajadores
Sin embargo, fue la firma del decreto que oficializó esta reestructuración la que disparó la protesta abierta. En la sede administrativa del organismo, en la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores realizaron una masiva asamblea durante la que se declararon en estado de alerta y movilización. La protesta tuvo el apoyo de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Reuniones semejantes se repetían en varias experimentales del Inta en el interior del país. En la experimental Oliveros se realizó una conferencia de prensa de los delegados gremiales.
El mensaje en todos los casos fue que empieza el momento más duro de la lucha. El próximo paso será iniciar acciones judiciales contra la medida de Sturzenegger y apostar a que el Congreso rechace el decreto.
Con la nueva medida, el Inta perderá autarquía política y económica y pasará a ser un organismo desconcentrado a cargo de un sólo funcionario con rango de secretario de Estado. El Consejo Directivo, que estaba integrado por el sector público y privado, será un Consejo Técnico. En el cambio, perderán sus dos bancas las universidades y los productores pasarán a tener cuatro en vez de cinco.
Daniel Romero, secretario general de Apinta, recordó que hace meses el Consejo Directivo vota en línea con lo propuesto por el gobierno nacional, con la única oposición de la Facultad de Veterinaria y la Federación Agraria. También cargó contra los dirigentes rurales. “El silencio de las asociaciones del campo es sorprendente, los cuatro tipos de la mesa de enlace que están sentados en el Consejo Directivo hoy no pueden levantar la mano ahí sin dar explicaciones a sus bases”, bramó. También cargó contra el silencio de los directores regionales.
Alerta de entidades
El Consejo Agroindustrial Argentino, que agrupa a la mayoría de las entidades del sector, expresó su apoyo a las reformas, al tiempo que resaltó la utilidad del Inta y el Inti para las emrpesas que lo integran. Se pronunciaron en contra de una fusión de ambos organismos. Pero consideraron que el decreto “abre una oportunidad histórica” para lograr “una transformación saludable para el Inta”. Para ello, elaboraron una serie de recomendaciones estructuradas con alguna dosis de prejuicio y oportunismo. Estas son: eliminar cargos políticos y uso partidario, enfocarse en los roles de investigación y apoyo técnico para la producción, comercialización e innovación; reforzar y relanzar la profesionalización de los cargos gerenciales, establecer mecanismos claros de rendición de cuentas, fomentar la colaboración público-privada para la investigación y el desarrollo aplicado a las necesidades de las cadenas agroindustriales y de bioenergía de Argentina, a la vez que implementar mecanismos legales para la inclusión de representaciones empresariales (ad honorem) de las cadenas agroindustriales en la toma de decisiones de los organismos técnicos en proyectos y programas específicos.
En tanto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su “incertidumbre y preocupación” por el decreto ómnibus. “En un país históricamente vulnerable a las modificaciones impulsadas por los sucesivos gobiernos, estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable, para evitar alteraciones que afecten procesos, metodologías y la toma de decisiones”, señalaron.
En el caso particular del Inta, los representantes de los productores esperan ser convocados para analizar el esquema que se propone y evaluar sus implicancias. “Somos plenamente conscientes de que este organismo necesita modernizarse, potenciando sus recursos humanos y consolidándose como motor de investigación, desarrollo y extensión rural en la Argentina, y en este sentido hemos transitado todo este tiempo haciendo nuestros aportes”, recordaron los presidentes de la SRA, CRA, Coninagro y FAA. Para ello, insistieron en “la necesidad de reglas claras, instituciones sólidas y marcos estables que faciliten e impulsen el desarrollo productivo y agroindustrial mediante la innovación, arraigo y extensionismo rural para el bien de toda la sociedad”.
Otros organismos
En su madrugada feroz, la administración de Javier Milei también disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (Inafci). También el Instituto Nacional de Semilla (Inase) como organismo descentralizado. Por otra parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue reconvertido en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura. Eso sí, le dejará el nombre para “garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior”.
Por otra parte, la norma transformó al Inti en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, aunque manteniendo la denominación de Instituto, que cuenta 2.356 agentes y un presupuesto anual de más de $ 85.600 millones. Tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en seis niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores. Entre los falaces argumentos para su reestructuración, el gobierno nacional expuso claramente su objetivo de habilitar un negocio a sectores privados, que “se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios”. Por las dudas, en su segundo capítulo, el decreto estableció que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarán a integrar los recursos del Tesoro nacional. Por otra parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue reconvertido en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura. Eso sí, le dejará el nombre para “garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior”. También se transformó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi) en un ente desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
