El plan contempla también el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, lo que implica el desmantelamiento de estructuras clave para la seguridad vial, el control del tránsito y la conectividad federal. La medida encendió alarmas en todas las jurisdicciones del país, especialmente en La Pampa, que manifestó un enérgico rechazo institucional.
Fuerte defensa desde La Pampa
El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, expresó su profunda preocupación en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias. “Desde La Pampa venimos rechazando firmemente esta política que apunta a la desaparición de Vialidad Nacional. Lo hicimos en el Congreso, en el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas y también acompañamos las manifestaciones, como la del Distrito 21 en Santa Rosa”, recordó.
Intronati defendió con énfasis la permanencia de la DNV: “Es el único organismo con capacidad técnica, operativa y territorial para garantizar la transitabilidad en los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Ninguna otra institución puede reemplazar esa función”.
El funcionario también advirtió sobre el impacto social que tendrá la medida: “Esta decisión dejará sin trabajo a más de 5.000 personas en todo el país, de las cuales 148 son pampeanas. Es una muestra de inhumanidad que golpea la infraestructura, el empleo y las economías familiares. ¿Dónde van a ir a trabajar esas personas, si en la Argentina de Milei se destruyen los entes que generan empleo, como la obra pública?”.
Privatización sin inversión
Intronati atribuyó esta decisión a una lógica ideológica: “Se busca reducir el Estado bajo el argumento de la ineficiencia, pero en realidad se apunta a abrir la puerta a concesiones privadas con escaso control y mínima inversión”.
Participó además de la audiencia pública donde se expuso el plan de concesión de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, incluidas las rutas 5 y 188 que atraviesan La Pampa. “Los pliegos solo contemplan repavimentaciones superficiales y el cobro de peajes. No hay mejoras sustanciales en infraestructura. Es el abandono del Estado a favor de negocios privados”, afirmó.
Posible vía judicial
El ministro también anticipó que podrían impulsarse acciones judiciales, siguiendo el ejemplo de la provincia de Río Negro, que demandó al Estado por el abandono de la Ruta 151. “No hay respuesta a nuestras notas ni propuestas. Se agotaron las vías de diálogo. Ir a la Justicia aparece como la única alternativa”, sostuvo.
Y lanzó una advertencia clave: “¿Quién va a controlar, contratar y certificar los trabajos si desaparece Vialidad Nacional? No existe otra estructura capaz de asumir esa responsabilidad”.
“Un castigo al desarrollo nacional”
El gobernador Sergio Ziliotto también se sumó al rechazo al cierre de Vialidad Nacional. “Esta medida no solo implica miles de despidos, también es una agresión directa a la integración territorial y productiva del país. Es un nuevo castigo al desarrollo nacional”, aseguró.
Recordó que La Pampa ofreció su colaboración para intervenir en rutas nacionales en estado crítico, pero nunca obtuvo respuesta. “Pedimos ayudar, recibimos silencio. Esta no es una política de ahorro, es una renuncia del Estado a sus obligaciones. Es despreciar a la Argentina real, la que trabaja y produce”, concluyó el mandatario pampeano.
El cierre de la DNV y otros organismos estratégicos, junto al avance en la concesión de rutas, plantea un escenario incierto para el mantenimiento, la seguridad vial y la conectividad en todo el país, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias.
