Argentina tiene actualmente una tasa de posesión de armas de fuego cercana al 9%, una cifra superior incluso a la de Brasil. Se estima que en todo el país hay más de 3,6 millones de armas en circulación, de las cuales más de la mitad no están registradas legalmente. Según fuentes oficiales, la mayoría de estas armas «en negro» estarían en manos de delincuentes.
En cuanto al mercado formal, hay cerca de 1,5 millones de armas registradas y alrededor de 900.000 personas habilitadas como legítimos usuarios. Sin embargo, el 60% de estos usuarios tiene las credenciales vencidas, lo que representa un serio problema desde el punto de vista legal y de la seguridad pública.
Ante este panorama, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei introdujo durante 2025 una serie de reformas en el régimen de control de armas. Si bien los cambios no redujeron la rigurosidad de los requisitos para obtener una credencial, sí buscaron desburocratizar el sistema y facilitar la regularización de usuarios.
Además, se reestructuró el organismo responsable del control y fiscalización del armamento civil, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y ofrecer mayor claridad a quienes deseen cumplir con la normativa.
Mientras tanto, persiste la preocupación por la gran cantidad de armas ilegales en manos de civiles, un fenómeno que plantea importantes desafíos en materia de seguridad ciudadana y control del delito.
