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Con el voto de desempate de Mayoral, la Legislatura rechazó la contratación de un data room sobre El Medanito

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de La Pampa vivió un tenso debate sobre el futuro del área hidrocarburífera El Medanito, que culminó con un empate de 15 votos a favor y 15 en contra respecto al proyecto que proponía la contratación de un data room técnico y geológico. La definición quedó en manos de la presidenta del cuerpo, Alicia Mayoral, quien desempató a favor del rechazo del dictamen, bloqueando así la iniciativa opositora.

Un debate atravesado por visiones técnicas y políticas

Durante el tratamiento, el diputado de la UCR, Hipólito Altolaguirre, defendió el proyecto impulsado por su bloque: “Buscamos garantizar acceso público a información clara, precisa y verificable para tomar decisiones estratégicas”, expresó. Y añadió que la propuesta incluía la convocatoria, mediante licitación pública, a una consultora independiente para evaluar el estado técnico, ambiental y contractual del área.

En contraposición, el oficialista Daniel Lovera (FreJuPa) reivindicó una visión “estratégica” en defensa de los intereses provinciales. “No nos oponemos a herramientas técnicas, pero no aceptamos presiones mediáticas ni decisiones bajo aprietes”, señaló. Aseguró que el bloque ya accedió a la información brindada por Pampetrol y que están dadas las condiciones para avanzar hacia una nueva licitación. “No vamos a ceder ante miradas parciales”, sentenció.

La diputada Sandra Fonseca reclamó el tratamiento urgente del informe técnico, denunciando “numerosas irregularidades” en la gestión del área. “Un data room serio no se elabora en un fin de semana”, remarcó.

Por su parte, León Nicanoff (FreJuPa) criticó la estrategia opositora: “No hace falta tanto circo. Cualquiera puede pedir una audiencia a la Secretaría de Energía y obtener la información”. Finalmente, los empates en las votaciones sobre tres proyectos relacionados con la actividad hidrocarburífera obligaron a Mayoral a definir, en todos los casos, en contra de las propuestas opositoras.


Aprobación de nuevas juezas

En otro tramo de la sesión, por mayoría se aprobaron las designaciones de las abogadas Daniela Johana Martínez y María Elena Gregoire como juezas de Control en 25 de Mayo y Santa Rosa, respectivamente.

Martínez recibió objeciones de los bloques UCR, Comunidad Organizada y de la diputada Fonseca, quienes cuestionaron su origen riojano y su paso como funcionaria sustituta. Hernán Pérez Araujo defendió la elección y rechazó el “chauvinismo” en los argumentos: “Lo que importa es la idoneidad, no el lugar de nacimiento”.

La designación de Gregoire solo fue objetada por Comunidad Organizada. La diputada Andrea Valderrama criticó los argumentos sexistas: “A las mujeres nos cuesta llegar a cargos públicos como para que se nos tilde de conseguirlos por ser esposas de alguien”.


Emergencia en discapacidad: fuerte respaldo y críticas al gobierno nacional

Con unanimidad, se aprobó la resolución para instar a los legisladores nacionales a declarar la emergencia en discapacidad. La autora, Gisela Cuadrado, denunció un retraso del 140% en pagos a prestadores y un colapso en el sistema de asistencia: “Hay familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque no pueden pagar los acompañantes. Es una cuestión de humanidad”, remarcó.

Acompañando la iniciativa, el diputado Pérez Araujo lamentó el posible veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso. Cuestionó duramente a los legisladores nacionales pampeanos que votaron en contra o se abstuvieron. “Lo mínimo que corresponde es que pongan la cara”, afirmó.


Otras resoluciones

Durante la sesión, se aprobaron por unanimidad diversas resoluciones y leyes:

  • Solicitud al Ejecutivo para restablecer la circulación en la Ruta Nacional N.º 35.
  • Pedido de emergencia nacional en salud mental y adicciones.
  • Requerimientos de informes sobre medicamentos en cuarentena y programas de violencia familiar.
  • Solicitud al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes para detallar supervisiones realizadas.
  • Aprobación de la ley que establece un plazo de tres años de permanencia en cada grado para agentes egresados de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

La sesión dejó a la vista una profunda división en torno a la política energética provincial, la defensa de la institucionalidad judicial y una marcada preocupación por el abandono del Estado nacional en áreas sensibles como la discapacidad y la salud mental.