Según expuso Soncini, el inconveniente afecta seriamente su actividad productiva ya que impide el tránsito de maquinarias y la salida de producción de alfalfa y maíz. El productor afirmó que, tras gestiones realizadas ante Vialidad Provincial, se le aclaró que el costo de la obra corresponde al municipio: “Usted desde el alambrado hacia la calle no le corresponde nada, el costo lo tiene que realizar el municipio con los fondos que ya le enviamos en junio. Si usted hace algo, se mete en jurisdicción del municipio y de vialidad y va a recibir multas”, le indicaron en esa dependencia.
En diálogo con CastexOnline, Soncini manifestó su malestar: “Yo, con un gesto de buena voluntad, fui a Vialidad a pedir fondos para la obra y lo concedieron. Lo enviaron. Ahora la obra la tiene que hacer el municipio, no queda otra”. Y agregó: “Yo tengo 200 rollos para sacar y no puedo, tengo que pasar por el campo del vecino para poder salir. Desde noviembre que me tienen a las vueltas”.
La postura del municipio
En la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles tuvieron acceso tanto a la nota presentada por el productor como a la respuesta de la intendenta Mónica Curutchet.
La jefa comunal explicó que la obra se origina en una decisión del propio productor de modificar el ingreso a su establecimiento. “El alcantarillado debe colocarse porque, cuando se hicieron los trabajos de limpieza y extracción de árboles en el camino conocido como ‘de la Estelita’, se abrieron cunetas cajón que son imprescindibles para el escurrimiento del agua. Esa situación obliga ahora a colocar los tubos en el nuevo ingreso, pero se trata de una consecuencia de una decisión particular del vecino”, remarcó.
Curutchet señaló que, desde el punto de vista técnico, no se trata de un trabajo sencillo: “Mis asesores me informaron que es una obra importante en movimiento de tierra y que requiere no menos de diez alcantarillas, porque la cuneta es ancha y el agua no puede tener obstrucciones. El presupuesto que conseguimos fue de 700 mil pesos para tubos de hormigón, aunque también hubo una propuesta mayor porque eran de fibra”.
Además, recordó que los fondos enviados por Vialidad Provincial —que en este año fueron de 69 millones de pesos— no ingresan de manera automática al municipio, sino que se liberan contra certificación de obra. “No es que tenemos ese dinero en una caja; se nos otorga a medida que se certifican los trabajos en los casi 600 kilómetros de caminos vecinales que debemos atender en el ejido”.
La intendenta insistió en que su planteo nunca fue negarse a ejecutar la obra, sino establecer un criterio de equidad: “Cualquier vecino que recibe materiales o trabajos especiales firma un convenio de devolución parcial. No podemos destinar fondos pensados para toda la red rural a una obra originada en una decisión individual, sin pedir un esfuerzo compartido. En una reunión con la Asociación Agropecuaria, planteé el tema y la respuesta fue unánime: debía hacerse de forma conjunta”.
Finalmente, ratificó la voluntad del municipio: “Tengo la decisión de poner las herramientas a trabajar en la obra, pero el vecino debe revisar su negativa a colaborar. Esta gestión no se niega a ayudar, pero sí defiende un criterio de igualdad entre todos los productores rurales”.
Un conflicto abierto
Mientras el productor insiste en que la obra debe realizarla el municipio con los recursos ya enviados por Vialidad Provincial, la intendenta plantea que la magnitud de la intervención y el origen de la necesidad requieren un esfuerzo conjunto.
El caso expone un nuevo foco de tensión en torno al financiamiento y la responsabilidad en las mejoras de caminos rurales, un tema de fuerte impacto para la actividad productiva local y que ahora se encuentra en la agenda del Concejo Deliberante.
