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Denuncian presunta connivencia en una causa de abigeato

Una mujer imputada en una causa por abigeato agravado denunció a un fiscal y a un abogado por presunto pedido de dinero para cerrar el expediente mediante un juicio abreviado. La causa, que investiga el robo de 38 novillos en la zona centro-sur de la provincia, irá a juicio oral en septiembre.

Según informó La Arena, una mujer de General Acha, identificada como Nara Sett, denunció al fiscal Juan Bautista Méndez y al abogado Benjamín Ortiz por presunta connivencia en el marco de una causa penal por abigeato agravado. Según relató, el abogado le exigió ocho millones de pesos para lograr un juicio abreviado que evitaría el debate oral. Ante su negativa, el proceso avanzó y fue citada a audiencias de juicio que comenzarán en septiembre.

La denunciante aseguró que, además de lo económico, el letrado fundamentaba su accionar en la amistad personal que mantenía con el fiscal a cargo. “Nos decía que todo se iba a resolver bien, que eran amigos y hasta nos enviaba audios para demostrarlo. Confiamos, pero cuando pidió ocho millones y nos negamos, nos dejó sin defensa”, señaló.

El relato de la denunciante

Sett recordó que en abril de 2023, cuando fue detenida junto a su esposo Pablo Verot, Ortiz se presentó en la comisaría de General Acha diciendo que había sido convocado por el fiscal Méndez. “Ese mismo día ofreció representarnos. Nosotros estábamos incomunicados, ni siquiera habíamos declarado todavía, y él apareció con promesas de resolver la causa”, relató en diálogo con el diario La Arena.

Unos meses después, en agosto de ese año, el abogado le habría recomendado solicitar un juicio abreviado. “Me dijo que el acuerdo costaba ocho millones de pesos. Yo le respondí que no tenía esa plata y me negué a pagar. Desde entonces dejó de informarnos sobre la causa”, indicó.

Pagos informales y ausencia de defensa

Según la denunciante, a lo largo del tiempo se realizaron varios pagos de honorarios “en efectivo y por transferencias, en encuentros en la vereda o en estaciones de servicio”, pero nunca recibió un recibo o comprobante formal. “Seguimos pagándole porque decía que estaba trabajando, pero en el expediente no hay escritos de su autoría, salvo una sola presentación de pruebas. En los hechos, no nos defendió”, aseguró.

La última comunicación con Ortiz fue el 11 de agosto de 2025, a través de un audio de WhatsApp. Allí el abogado le informó: “El viernes me llaman de la Oficina Judicial, porque me siguen notificando todo tu expediente. Pero yo voy a presentar la renuncia ahora, porque no voy ni loco a juicio con vos. Andá buscando un defensor oficial porque se te viene el juicio en septiembre”.

“Así nos dejó desamparados, a pocos días del debate oral. Después de cobrar tanto, se borró”, lamentó la denunciante.

El proceso judicial

El caso corresponde al expediente “MPF contra Ernesto Alcides Galarza y otros, sobre abigeato agravado”. Las audiencias están programadas para los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de septiembre en General Acha.

La investigación se inició tras la denuncia del robo de 38 novillitos Aberdeen Angus de unos 320 kilos promedio, ocurrido en abril de 2023 en el establecimiento rural La Ilusión, alquilado por dos hermanos en la zona de General Campos. El hecho generó conmoción por la magnitud del golpe: se trataba de animales de alto valor económico, trasladados en un camión particular.

El primer sospechoso fue el encargado del campo, Ernesto Alcides Galarza, quien quedó detenido con prisión preventiva por disposición del juez Diego Asín. A partir de pericias sobre su teléfono celular, los investigadores identificaron la participación de otras personas. Entre el 20 y 21 de abril de 2023 se concretaron varias detenciones, entre ellas la de la pareja compuesta por Sett y Verot, propietarios del camión Mercedes Benz utilizado en el traslado.

El comisario Federico Gabriel Arcajo explicó en su momento que el operativo fue coordinado por la fiscalía de General Acha e involucró a personal policial de múltiples dependencias: Alpachiri, General Campos, Quehué, General Acha, Santa María, Cuchillo Có y la División Seguridad Rural.

La versión de los imputados

Sett y Verot niegan haber tenido conocimiento del origen ilícito de la hacienda. “Compramos los animales de buena fe, pensando que pertenecían a quien nos los vendía. Los pagamos y los trasladamos normalmente. Cuando nos detuvieron, colaboramos con la justicia, informamos a quién se los habíamos vendido y dónde estaban. Nosotros también fuimos engañados”, explicó la mujer.

Con información de La Arena