Según confirmó la actual intendenta, Daniela Fernández, el municipio arrastra una demanda millonaria que compromete sus arcas y, además, quedó imposibilitado de recibir nuevos recursos nacionales para obra pública.
En el año 2020, Anguil había firmado un convenio por unos $10 millones. Sin embargo, en 2021 solo se desembolsó un 30% del total —alrededor de $3 millones— porque la gestión de Delahaye nunca rindió cuentas pese a las notificaciones oficiales. El 70% restante fue anulado, y la comuna quedó atada a una obligación de pago que hoy genera fuertes intereses.
“Nosotros nos anoticiamos con una demanda de pago, sin opción de hacer nada, comprometiendo al municipio a pagar dinero que no tenemos y condenando a la población de no recibir el 70% restante del programa”, expresó Fernández.
La intendenta sostuvo que los abogados del municipio trabajan para reducir la cifra final y evitar un mayor impacto por los intereses acumulados. También advirtió que se evalúan posibles responsabilidades legales de los exfuncionarios.
“La bronca es que a nosotros nos toca gobernar en este momento en que no hay posibilidad de gestionar ni un centavo nacional para obra pública, con grandes necesidades; pero con todos los errores del gobierno de Alberto Fernández, había obra pública, mucha llegó a la provincia y muchos lo aprovecharon, menos Anguil, que no rindió los fondos”, afirmó Fernández.
La mandataria peronista concluyó que, mientras se negocia la deuda, la comuna debe afrontar la realidad: pagar por una mala administración pasada y resignar obras fundamentales para la localidad.
Con información de El Diario
