Legisladores provinciales ingresaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar controles toxicológicos a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. La propuesta pretende asegurar que quienes tienen responsabilidades institucionales lo hagan en condiciones plenas y sin condicionamientos derivados del consumo de sustancias.
El texto fue firmado por Hipólito “Poli” Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno (UCR); Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO-MID); y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga (Comunidad Organizada). Los impulsores remarcaron que la sociedad “demanda integridad y coherencia de sus representantes, especialmente frente a problemáticas tan graves como el narcotráfico”.
Alcances de la iniciativa
De aprobarse, deberán someterse a controles obligatorios el gobernador y vicegobernador, ministros, subsecretarios, legisladores, jueces y magistrados, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal jerárquico de la Policía y funcionarios de sociedades del Estado y SAPEM.
Los análisis se repetirán de manera anual y estarán a cargo del Ministerio de Salud, bajo la supervisión de una comisión fiscalizadora integrada por representantes del Colegio Médico, la Universidad Nacional de La Pampa, el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y bloques legislativos minoritarios.
Sanciones y acompañamiento
En caso de resultados positivos, se prevé la realización de contrapruebas y la aplicación de medidas como licencias, suspensión en el cargo o cese de funciones, siempre dentro del marco constitucional y legal. Al mismo tiempo, se plantea un esquema de asistencia y acompañamiento para quienes atraviesen consumos problemáticos, con un abordaje integral desde la salud pública.
Fundamentos
Los legisladores señalaron que “no se puede exigir a la ciudadanía cumplir con la ley si quienes deben dar el ejemplo no están libres de condicionamientos”. En los fundamentos destacan que el consumo de drogas afecta la capacidad de juicio y limita la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones trascendentes para la provincia.
Asimismo, sostienen que la iniciativa se enmarca en una política de Estado necesaria en tiempos de crisis y de creciente presencia del narcotráfico. “La lucha contra las drogas exige funcionarios íntegros, con plena libertad de acción y exentos de cualquier dependencia que pueda condicionar su tarea”, remarcaron, recordando además que en la última sesión legislativa estos bloques se opusieron a la llamada “Ley Medanito”.
Objetivo
Con este proyecto, los diputados buscan reforzar la confianza ciudadana y garantizar que los tres poderes del Estado actúen con total transparencia, fortaleciendo el compromiso institucional de La Pampa frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
