El origen del conflicto
El desencadenante habría sido un acuerdo suscripto por el entonces funcionario Caputo (o vinculado a su entorno) con empresas del sector cerealero. Según fuentes del campo, ese pacto habría implicado beneficios extraordinarios a favor de las compañías exportadoras, en detrimento de los productores locales.
Los reclamos se centran en que:
- Las condiciones pactadas obligarían al productor a aceptar márgenes mínimos, mientras que las empresas exportadoras captan diferenciales mayores.
- Existen denuncias de que al menos diez personas de alta jerarquía se beneficiaron directamente de esta operación con sumas millonarias ($2.000 millones de dólares) que —afirman— debieron haber revertido al conjunto del sistema agroindustrial.
- Productores denuncian que se les impuso una suerte de “costo de salida” o sobreprecio franquicia que barre con cualquier rentabilidad.
El impacto sobre los productores
Desde varias entidades agrupadas bajo la consigna del “campo” se alertó lo siguiente:
- Que los márgenes de rentabilidad ya venían comprimidos por costos elevados (insumos, fletes, logística), inflación y presión impositiva.
- Que un pacto de este tipo profundiza la concentración del negocio exportador en pocas manos, dejando al grueso de los productores como meros proveedores.
- Que se pone en riesgo la sostenibilidad de muchas explotaciones chicas y medianas, que no tienen margen para absorber “desajustes” de este tipo.
La respuesta oficial — o su silencio
Hasta el momento no se ha conocido una comunicación oficial clara que explique el contenido del supuesto acuerdo, ni que desmienta las cifras en debate. En los círculos del Gobierno se rehúsa atribuir al Estado responsabilidad directa, aunque no se descarta que pueda haber presiones políticas o económicas involucradas.
Algunos funcionarios cercanos al área del agro han esquivado el tema, instando a que las denuncias sean presentadas ante la Justicia para investigar.
Lo que se juega en la cancha
Este episodio incide directamente en varias dimensiones:
- Política de exportaciones agrícolas: Cuánto puede (o debe) intervenir el Estado para regular márgenes, fletes, retenciones y condiciones de comercialización.
- Equidad en la cadena: Si el grueso del valor queda en manos de los exportadores, el productor local termina con una tajada muy pequeña, lo que desalienta producción o inversión.
- Imagen institucional: Para el Gobierno, el escándalo puede tornarse un tema de credibilidad si se demuestra colusión o favoritismo.
- Judicialización del conflicto: Ya se habla de riesgos de denuncias penales o civiles si los productores logran presentar pruebas contundentes.
Conclusión
La indignación en el campo no es solo simbólica: las cifras denunciadas (USD 2.000 millones) son elevadas y si se demostrara que hubo un pacto concertado con beneficios desmedidos, podría marcar un punto de inflexión. Quienes defienden al sector alerta que, después de años de sacrificios, ya se agotó la paciencia con acuerdos opacos que sacan valor al productor.
