El reclamo se originó en una nota enviada por el comerciante Hugo Darío Conde, acompañada de una factura dirigida a la Municipalidad por la venta de mercaderías varias. La oposición (bloque Cambiemos) impulsó el tratamiento del documento y, el lunes 22 de septiembre, el Concejo lo aprobó por cinco votos contra uno (concejales de Cambiemos más dos del PJ, y una abstención oficialista), informó La Arena.
La respuesta del intendente
Farana rechazó de plano la validez de la factura y, en una carta documento enviada a Conde, negó cualquier vínculo comercial:
“Rechazo en todos y cada uno de sus términos la nota mencionada. Desconozco en forma total y absoluta que esta municipalidad hubiera recibido productos o bienes de su parte. Niego expresamente la existencia de deuda alguna”.
En el mismo escrito, el jefe comunal advirtió que denunciaría al comerciante por “intento de estafa extorsiva”.
Al día siguiente, el intendente avanzó con una resolución municipal en la que declaró “ilegítima e improcedente” la ordenanza del Concejo, acusó a los ediles de “injerencia indebida” y los intimó a respetar la división de poderes.
Duras acusaciones a los concejales
En la resolución, Farana sostuvo que el Concejo “dio curso y difundió un planteo absolutamente inverosímil”, basado en una nota “carente de firma” y en una factura “indeterminada y sin respaldo documental”.
Además, denunció que los ediles actuaron con “temeridad y malicia”, y que su accionar los convierte en “parte necesaria del accionar presuntamente delictual” de Conde.
El intendente advirtió que este proceder constituye un “abuso de poder” y podría estar destinado a “favorecer intereses espurios en perjuicio del patrimonio público”.
Denuncia penal
Farana confirmó que presentó una denuncia penal contra Conde y contra los concejales que votaron la ordenanza: Margarita Inés Hernández, María Elizabet Cabral, Cristina Elena Vázquez, Mariana Andrea Frías y Emanuel Oscar Fernández.
En el escrito judicial, el intendente solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Incluso relató que la carta documento enviada a Conde fue devuelta por el correo con la leyenda “se mudó el destinatario”, lo que consideró una prueba de “ocultamiento deliberado”.
Un conflicto que se profundiza
La relación entre el intendente Farana y el Concejo Deliberante ya venía marcada por roces, pedidos de informes y rechazos a proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, esta nueva disputa, atravesada por denuncias cruzadas y acusaciones de delitos graves, tensa al máximo el funcionamiento institucional del municipio y abre un escenario de alta conflictividad política en Santa Isabel.
