Durante más de diez horas de debate, los senadores intercambiaron argumentos éticos, médicos y jurídicos sobre el derecho a decidir el final de la vida ante enfermedades incurables o situaciones de sufrimiento extremo.
El texto aprobado garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” y despenaliza la práctica de la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos intolerables derivados de ella.
“Podrán ampararse en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten residencia habitual en el territorio nacional”, establece la norma.
El Poder Ejecutivo cuenta ahora con un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley, tras lo cual se dispondrá de otros 90 días para conformar la Comisión Honoraria de Revisión, que será presidida por el Ministerio de Salud Pública.
Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su función será revisar los procedimientos realizados bajo el marco de la ley y elaborar un informe anual que se remitirá tanto al Ministerio de Salud como a la Asamblea General.
Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia, marcando un hito en la legislación regional sobre derechos al final de la vida.
