22 de octubre: Día Nacional del derecho a la identidad.- Por el Prof. Silvio Javier Arias

Detrás de la negación de un derecho humano, es posible identificar el autoritarismo de quién decide sobre la vida de otra persona, ya sea la familia o el mismo estado, sin importar la trascendencia de los motivos que llevaron a tal acto de despojo. La reparación legal, aportada por la justicia en éstos casos, no alcanza para comprender la magnitud y consecuencias de los procesos psicológicos que obran al interior de una persona privada de su identidad.

  La cantidad de casos de búsqueda de lazos biológicos por parte de personas que han tomado conocimiento de estas historias -hoy visibles a través de los medios de comunicación y las redes sociales-, da cuenta de una práctica lamentablemente generalizada, que excede el proceder de los estados totalitarios. Millones de familias en nuestro país y el mundo, sin ningún tipo de diferencia social, muestran casos de identidades robadas u ocultas entre sus miembros, con todo lo que ello implica.

Sentirse incompleto:

   Diversos estudios especializados destinados a revelar las consecuencias psíquico-emocionales de quienes atraviesan esa experiencia de vida, se encuentran en estado de investigación. Una aproximación general, da cuenta que el ser humano a quien se le ha negado su verdad biológica, es un ser que sufre, que adolece de una historia personal completa; que al momento de revelarse su verdadero origen debe “reconstruirse”, aceptar y aceptarse, comprender y continuar con su vida, independientemente del contexto familiar que podrá llegar a contenerlo, comprenderlo, acompañarlo o no.

  Abuelas de Plaza de Mayo, con su búsqueda incansable por más de cuatro décadas para  recuperar a sus nietos arrebatados por la dictadura, ha hecho un aporte invaluable en la defensa del derecho a la identidad biológica en nuestro país. 130 personas hoy saben quiénes son, de donde vinieron, quienes fueron sus padres. Han constatado que sus sensaciones de falta, de gustos personales opuestos a los de su entorno adoptivo  inmediato, tenían un significado, una razón de ser.

   Para ellos, a quienes les robaron su esencia, la tarea de reescribir sus propias historias desde la verdad no es fácil, ni rápida. Es un proceso lento, de enormes angustias y vacíos emocionales. Aceptar lo que les pasó y seguir adelante, requiere de mecanismos internos e interpersonales que colaboren en una dirección sana, libre de culpas y resentimientos, para consigo mismos y para con los demás. En esa labor humana de proporciones infinitas, sólo el amor incondicional cura el dolor y alimenta las esperanzas por concretar una vida mejor… al menos sin mentiras de origen.

El derecho a saber:     

   Como consecuencia del terrorismo de estado, perpetrado por la última dictadura cívico-militar en nuestro país (1976-1983), en 1992 se creó la Comisión Técnica encargada de impulsar la búsqueda de niños desaparecidos (Disposición N° 1328/92). Fue el primer trabajo conjunto entre un organismo del estado (Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales, del Ministerio del Interior) y la sociedad civil, en éste caso la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Seis años después se creará la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad –CONADI-, con iguales funciones y conformación que la comisión precedente, pero con la posibilidad de requerir la colaboración, asesoramiento y realización de pericias genéticas encargadas al Banco Nacional de Datos Genéticos. En 2001, el Congreso Nacional refuerza jerárquicamente a la CONADI a través de la Ley N° 25.457, funcionando en el ámbito de la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del por entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

   El personalísimo acto de querer corroborar científica y legalmente un origen biológico, solo está determinado por el deseo de querer abordar esa verdad, determinante para incursionar en el complejo proceso de completar una identidad incompleta. Aquí la razón y los sentimientos juegan un papel preponderante por parte de la víctima, ya que ambos deben articularse de manera equilibrada, con el fin de no generar más dolor e injusticias. En estos casos, la terapia psicológica es altamente recomendada y necesaria.

   La diferencia legal entre constatar y reclamar la identidad biológica, radica en que la primera se podrá resolver mediante la realización de un ADN en forma privada, previo conocimiento de los posibles progenitores biológicos. En el reclamo, ante la negación de la parte requerida, la persona –en caso de vivir en La Pampa- se dirigirá al Laboratorio de Genética Forense, ubicado en el Centro Judicial de Santa Rosa, a los efectos de dar intervención a la justicia civil para la resolución del caso. El adulto que sienta la necesidad de impugnar su paternidad, luego de constatar su origen biológico, también podrá hacerlo, aunque esa instancia tampoco es obligatoria.

  Independientemente de las cuestiones íntimas y legales aquí referidas, la intención del presente artículo apunta a desnudar una realidad dolorosa e injusta, ocasionada tanto por estados autoritarios como por familias autoritarias, hacedoras de identidades cercenadas. Nadie puede arrogarse el derecho –mediante cualquier excusa- de privar a otra persona de su verdad biológica. La naturalización de ésta perversa práctica, hoy expuesta por sus protagonistas en diferentes medios de comunicación, da cuenta de la gravedad de su continuidad para con aquellos que han sido sus víctimas. El camino a la verdad siempre es doloroso, en todos los aspectos de nuestra vida; por ello la mentira, la negación de un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, debe eliminarse por el bien de una sociedad sana, afectiva, social e intelectualmente hablando. Las víctimas de estas prácticas no buscan culpables… buscan verdades que los ayuden a continuar con sus vidas. Para ellos, su derecho a la identidad no es un curro que se usufructúa desde el Estado, es una necesidad vital que trasciende todas las esferas de su vida.-

*Silvio Javier Arias

Prof. en Ciencia Política