Una nueva causa que se inicia en un juzgado federal del interior del país pasa a los tribunales de Comodoro Py. Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y empresarios a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido, que hasta este jueves se tramitaba en la justicia de Bariloche.
En este caso fue la sala I del máximo tribunal penal federal del país que dispuso «declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2» de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos.
En el fallo, los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que «comparten» el criterio del juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py.
Petrone y Barroetaveña aceptaron además la «excusación» del tercer integrante de la sala, el juez Carlos Mahiques, para intervenir en el caso ya que se trata de uno de los imputados en Bariloche por haber participado de ese viaje que se hizo en un avión privado junto a otros colegas del fuero.
Asimismo Casación dispuso informar lo resuelto al juzgado federal de Bariloche, desde donde deberá enviarse la causa a Comodoro Py.
La semana pasada, el camarista Farah, del tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py, resolvió trabar competencia e ir a Casación ante la negativa a inhibirse del juzgado federal de Bariloche. El 1° de febrero, Farah había resuelto que la investigación debía pasar a los tribunales federales de Retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción.
El camarista sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presentó otro de los jueces imputados, el penal económico de CABA Pablo Yaradola.
Con argumentos que ahora Casación compartió, ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían».
Se investiga además si «aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen».
«Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios», agregó Farah.
