Con ello, se excluye a cooperativas y demás entidades solidarias. La propuesta surge en respuesta a una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció la improcedencia de aplicar este gravamen a las entidades cooperativas.
La medida propone ajustes en el Código Fiscal para excluir a las cooperativas de la obligación de abonar este tributo. Se plantea la eliminación de ciertos apartados que actualmente las consideran sujetos pasivos del mismo. La justificación de los diputados radica en que estas organizaciones, al no tener fines lucrativos, no deberían estar sujetas a esta carga impositiva.
Esta iniciativa busca armonizar la legislación provincial con los principios constitucionales y las normativas federales, respetando la esencia y la función social de las cooperativas.