Desde el área se consideró “el deber de cualquier funcionario público, y más aún de quienes llegan a ocupar esos cargos por el voto popular, de tener la obligación de promover el respeto y la ampliación de los derechos de las personas. El trabajo infantil es un flagelo contra el cual se viene luchando en los últimos 40 años, a partir del regreso de la democracia a nuestro país. Es un delito penal, establecido en la Constitución Nacional”.
“Sorprende que un legislador nacional pueda, impunemente, vertir este tipo de expresiones que atentan contra las convenciones de los derechos de las infancias, tratados internacionales y la propia Constitución.
Las niñas, niños y adolescentes no están bajo el arbitrio de los adultos para que decidan si estudian o trabajan. Son sujetos de derechos. No propiedad de sus progenitores. Tienen derecho a educarse y las instituciones del Estado, cualquiera sea su rango o poder, deben garantizar su cumplimiento”.
“El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) es claro al señalar que ´trabajar aleja a los chicos y a las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices´”.
La Nación Argentina se engrandeció sobre los cimientos de la educación. Prueba de ello es que sigue siendo faro en este terreno en toda América Latina. Razón por la cual ante cualquier período de crisis se debe apostar por el acceso al conocimiento como una de las herramientas principales para salir de esa situación.
En La Pampa, la defensa de los derechos de las infancias ya es una tradición. Las declaraciones de Benegas Lynch van en contra de todo ese trabajo. “Desde el Gobierno de La Pampa ratificamos el camino de las garantías de los derechos ciudadanos, señalado por el gobernador Sergio Ziliotto”.
