Los Tribunales de Cuentas de Argentina reivindicaron su función como “garantía de buen gobierno y de la vigencia plena de la República”

El jueves 25 de abril finalizó en Santa Rosa la Primera Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, organizada por el TdeC de La Pampa.

Durante tres días se realizaron en el hotel Mercure los encuentros del Secretariado, de la ASUR (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur que integran representantes de los organismos de Argentina, Brasil y Paraguay), de la Red Federal de TdeC y del IETEI (Instituto de Estudios Técnicos e Investigación). En tanto, el jueves se realizó la conferencia “Argentina en la OCDE y los Organismos de Control Externo” por parte de Marcelo Scaglione de la Red de Gobernanza Argentina.

En la jornada final, las y los representantes de los tribunales de cuentas provinciales y municipales de Argentina emitieron una “Declaración de La Pampa”.

En el documento se acordó: “Afianzar la naturaleza de organismos de control externo, independientes y comprometidos en un Estado de derecho, toda vez que son uno de los eslabones imprescindibles, que están en condiciones de brindar información de calidad y evidencia crítica, transformándose así en la antesala eficaz para la posterior evaluación y análisis de impacto de las políticas públicas, que deben llegar a los ciudadanos, por lo que surge ineludible que aquellos que tienen a su cargo la gestión, acompañen y respeten a los organismos de control que no es otra cosa que respetar la República”.

También “bregar, como autoridades máximas de los órganos de control creados por la Constitución, por la estabilidad que la misma nos otorga como garantía plena de las funciones de contralor de los poderes públicos no sea avasallada por el legislador desconociendo así su raigambre constitucional”.

La postura conjunta finalizó con la necesidad de “reafirmar nuestro compromiso de asegurar la autonomía institucional de los órganos de control y sus autoridades, resguardando así la independencia e imparcialidad de los órganos externos de control como garantía no solo de buen gobierno sino de vigencia plena del mismo sistema republicano”.