“Un segmento de la población joven que no integra un grupo familiar y que inicia su inserción en el ámbito laboral, hoy tiene lejana la posibilidad de alcanzar el acceso a su casa propia, debido a una serie de factores y a la compleja crisis económica actual, ya que las personas solventan los gastos cotidianos con gran inflación, y seleccionan el modo de optimizar los recursos mensuales, afrontando altos precios de locación para quienes alquilan vivienda”, sostiene la diputada María Luz Alonso.
En su iniciativa, la legisladora destaca que “desde su creación, el IPAV ha garantizado a sus habitantes el derecho a la vivienda, con especial atención a la población con recursos económicos insuficientes” y particularmente señala que con los planes “Mi Casa 1” y “Mi Casa 2”, tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda de los grupos familiares y que “es destacable que las prioridades de adjudicación existan sobre diversas situaciones de vulnerabilidad como la discapacidad o la presencia de niñas, niños y adolescentes”.
Y, agrega Alonso, “las dinámicas sociales y los cambios generacionales, hacen que hoy se deban promover las realidades de todos las pampeanas y los pampeanos, generando igualdad de oportunidades de acceso a la vivienda para aquellas personas que no se encuentran contempladas en la regulación, y lejos de ser una prohibición por la conformación de un grupo familiar, la normativa debe garantizar estos derechos sin limitación por factores sociales”. Por eso, manifiesta que, “con este proyecto desde una perspectiva de ampliación e implementación de acciones positivas para posibilitar el acceso a la vivienda adecuada, se tiene el objetivo de fortalecer los criterios de las políticas públicas habitacionales instauradas en La Pampa considerando que se disponga de un cupo de viviendas en los planes provinciales que deban ser ejecutados por el IPAV para las personas que no integran un grupo familiar nuclear o ampliado, y no sean titulares responsables de personas a su cargo o cuidado”.
La diputada del FreJuPa sostiene que “los requisitos formales generales como la edad, condiciones económicas, residencia en la provincia, entre otros, deberán ser analizados conforme a la reglamentación que mayor satisfaga los derechos de este sector de la población”.
Para Maria Luz Alonso, “fortalecer y garantizar el derecho a una vivienda digna es un eje transversal que posibilita la vigencia de otros derechos humanos” y que, de implementarse este cupo de viviendas “se estará profundizando el modelo de Estado que promueve acciones para todas y todos los pampeanos, en un sentido inclusivo y generando igualdad de oportunidades con políticas amplias y participativas de las personas”.
