Por definición, un Data Room no es público. Su uso se basa en un principio de confianza controlada, bajo reglas estrictas que regulan tanto el acceso como el tiempo permitido para consultar la información. Esta confidencialidad no busca ocultar datos a la ciudadanía, sino proteger el interés público, asegurar la soberanía de los recursos y garantizar licitaciones equitativas.
Valor técnico, económico y estratégico
El acceso a los datos técnicos permite estimar volúmenes de reservas, proyectar planes de inversión, definir costos operativos y evaluar la rentabilidad de un proyecto. Una empresa que accediera sin control a esta información —o por más tiempo del estipulado en un proceso licitatorio— podría obtener ventajas desleales, afectando la transparencia y perjudicando al Estado provincial o nacional.
Además, conocer de antemano la calidad de los reservorios o el potencial productivo de un área permite a las empresas preparar estrategias comerciales, tecnológicas y financieras con mayor precisión, lo que realza la necesidad de mantener la equidad de condiciones para todos los actores del mercado.
Respaldos legales y constitucionales
La confidencialidad de los Data Room no solo tiene un fundamento técnico y económico, sino también jurídico. La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 124, establece que las provincias son propietarias de los recursos naturales y tienen plena autonomía para administrarlos.
A su vez, el Código Penal (arts. 156 y 157) penaliza la divulgación de secretos conocidos en razón del empleo o función, cuando dicha revelación produce un perjuicio. También lo hacen leyes específicas como la N° 22.802 y la N° 24.766 sobre competencia desleal, y la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que excluye de acceso a la información los secretos industriales o comerciales cuya difusión pueda afectar el interés público.
Defensa del interés público
La liberación prematura de la información contenida en un Data Room podría debilitar la posición negociadora del Estado, desvalorizar los activos públicos y afectar negativamente la transparencia y competitividad de futuras licitaciones. Por ello, la confidencialidad no implica oscurantismo, sino una práctica común y necesaria en procesos responsables.
Una práctica global
La gestión reservada de los Data Room es un estándar globalmente aceptado en el sector energético y minero. Se trata de una herramienta que permite resguardar la soberanía sobre los recursos, proteger los intereses provinciales y nacionales, y promover procesos licitatorios que garanticen igualdad de condiciones, transparencia y eficiencia.
