Desde la cartera ministerial destacaron que el efectivo sancionado cuenta con todos los mecanismos y garantías previstas en el ámbito administrativo para apelar la medida adoptada.
En el comunicado, también se reafirmó la plena vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, que rige bajo estricto respeto a los derechos civiles y a los derechos que protegen al personal policial. Esta legislación continúa siendo el marco normativo que garantiza una actuación transparente, responsable y respetuosa, tanto hacia la ciudadanía como hacia quienes integran las fuerzas de seguridad.
Finalmente, el Ministerio reiteró su compromiso con la legalidad, la equidad y el fortalecimiento institucional como pilares fundamentales del sistema democrático.
