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El Gobierno echó a 60 funcionarios en medio de sospechas de filtraciones en el juicio por YPF

El Gobierno de Javier Milei despidió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco de una reestructuración que busca una mayor “eficiencia” del organismo, pero que está atravesada por fuertes sospechas de filtraciones en el juicio multimillonario por la expropiación de YPF, que se ventila en Nueva York.

La decisión se tomó luego de que se detectaran posibles anticipos de la estrategia jurídica argentina por parte de los poderosos bufetes que litigan contra el Estado. Esto encendió las alarmas en la Casa Rosada, donde no descartan que haya existido una fuga de información clave que podría haber beneficiado al fondo buitre Burford, principal demandante.

La preocupación es mayúscula: el juicio más grande que enfrenta el país en su historia llevó a la jueza neoyorquina Loretta Preska a ordenar a la Argentina el pago de USD 16.100 millones y la entrega del 51% de las acciones de YPF. El Gobierno logró frenar momentáneamente esta última medida gracias a una suspensión administrativa otorgada por la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, aunque aún resta la resolución definitiva del tribunal.

La Procuración, que depende del Ministerio de Justicia y está encabezada por Santiago Castro Videla, no confirmó oficialmente la existencia de filtraciones, pero desde el Ejecutivo se dejó trascender un fuerte malestar por la estrategia jurídica llevada adelante hasta ahora. También se apuntó contra vínculos polémicos: Castro Videla es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien en su momento apoyó la postura del fondo Burford en el litigio contra la Argentina, y cuyo estudio colaboró con abogados norteamericanos en la causa ante Preska.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump— se sumó al juicio como amicus curiae, una figura que permite a un tercero dar su opinión en un litigio sensible, lo que fue recibido con alivio en Buenos Aires.

La reestructuración en la Procuración incluye la reducción de seis a cuatro Direcciones Nacionales, la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y una fuerte poda de personal. Según voceros oficiales, se eliminan “unidades jerárquicas innecesarias” y se reorganizan funciones con el objetivo de optimizar recursos y reducir gastos.

Pese al escándalo, por el momento Castro Videla continuará al frente del organismo, respaldado por el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, integrante del llamado “triángulo de hierro” del poder en el entorno de Milei.