En este marco, el secretario general del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, presentó un panorama detallado de la crisis, remarcando que los actuales niveles de financiamiento resultan insuficientes para garantizar la cobertura integral de los trabajadores y sus familias.
“Un sistema que se rompe”
Genoni explicó que un grupo familiar recibe en promedio $80.000 mensuales en su obra social, de los cuales $30.000 provienen del trabajador y $50.000 del empleador. “Con esos recursos debemos cubrir consultas, medicamentos de alto costo, internaciones, HIV, cáncer, partos y discapacidad. Todo con $80.000 al mes”, señaló.
Recordó que la desregulación de los años ’90 debilitó el sistema solidario, ya que las prepagas captaron a los afiliados jóvenes y sanos, dejando a las obras sociales sindicales con la población de mayor edad, mayores necesidades y menores ingresos. “Si se quitan los altos aportes y se concentran los pacientes más complejos en las obras sociales sindicales, el sistema se rompe”, advirtió.
Falta de especialistas y brechas económicas
El dirigente planteó las crecientes dificultades en la negociación con colegios profesionales y asociaciones de clínicas. “Hoy hay obras sociales que no cuentan con traumatología, infectología, dermatología ni odontología. Cuando no aceptamos ciertas condiciones, los profesionales suspenden los servicios”, indicó.
También describió la marcada desigualdad entre lo que perciben los médicos en el sector público y en el privado. “Un médico en hospital gana $1.300.000 part-time o $2.600.000 full-time, pero hay especialistas privados que facturan entre 8 y 10 millones de pesos por mes. Esa asimetría desalienta la tarea hospitalaria y agrava la falta de profesionales en el interior”, sostuvo.
Impacto directo en los trabajadores
Genoni advirtió que cada corte en una especialidad deriva en la derivación al hospital público, que luego vuelve a cobrar el servicio a la obra social. “En los hechos, los trabajadores pagan dos veces: a través de sus impuestos y a través de la obra social”, enfatizó.
Señaló, además, irregularidades como cobros indebidos en dólares, pagos por fuera de convenio y falta de regulación en servicios de diagnóstico. “Hay familias que deben endeudarse hasta 1.000 dólares en gastos en negro”, denunció.
Cesáreas nocturnas y criterios económicos
Otro de los puntos preocupantes expuestos fue la distorsión en la atención médica. “Los últimos partos informados fueron todos por cesárea y todos en horario nocturno, porque los honorarios se pagan mejor de noche. Esto no responde a criterios de salud, sino económicos”, cuestionó.
Llamado a un debate integral
El dirigente sindical planteó la necesidad de abrir un debate amplio con la participación de todos los actores: colegios profesionales, obras sociales sindicales, Ministerio de Salud y Poder Judicial. “No se trata de las instituciones, se trata de la gente. Son las familias trabajadoras las que quedan atrapadas en estas disputas corporativas”, afirmó.
Finalmente, alertó sobre la fragilidad del sistema solidario frente a la incorporación de monotributistas, jubilados y trabajadores con aportes bajos. También remarcó la falta de especialistas en localidades como Acha, Macachín, San Martín y Rancul, y advirtió que en diez años podría no haber cardiólogos ni ginecólogos en la provincia.
Próximos pasos
La presidenta de la Comisión, Laura Trapaglia, anunció que se conformará una mesa de trabajo para elaborar un despacho y convocar a otros organismos vinculados con el sistema de salud.
