
La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes que la jueza Julieta Makintach se someta a juicio político luego del escándalo por la filmación del documental clandestino durante el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona.
Lo resolvió al aceptar la admisibilidad de la acusación contra la magistrada, que había presentado tres recursos para evitar que se lleve a cabo la audiencia. De esta manera, el proceso podría culminar en su destitución. Por el momento, la magistrada continúa suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.
De los ocho denunciantes originales, cinco ratificaron sus presentaciones contra Makintach, quien quedó en el centro de la polémica durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, declarado nulo tras conocerse su participación en el documental Justicia Divina.


NA/Juan Vargas
Entre las acusaciones que se discutieron este martes figuran las impulsadas por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, un grupo de legisladores, la Comisión Bicameral y Julio Coria, ex custodio de Maradona, actualmente preso por falso testimonio.
El descargo de Makintach
Antes de la audiencia, la magistrada presentó su defensa por escrito. Allí negó haber permitido una filmación irregular y aseguró que las grabaciones del primer día de audiencias fueron conocidas y autorizadas por todos los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.
También rechazó haber participado en un documental sobre el caso, explicando que la única entrevista que brindó fue previa al inicio del juicio, en un día no laborable y sin interferir con sus tareas judiciales.
Asimismo, desestimó las acusaciones de guionar el debate y negó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de fondos o incumplimiento de deberes. Según argumentó, todas las decisiones del tribunal fueron colegiadas, por lo que no pueden ser atribuidas a un solo juez.
Con todos esos elementos, Makintach insistió en que su situación responde a un fuerte componente mediático y a presiones externas más que a pruebas jurídicas concretas.