La vocal del organismo, Valeria Novach, precisó que las escuelas involucradas son:
- Escuela Nº 267: $33.795.775,07.
- Escuela de Nivel Inicial Nº 34: $14.262.367,95.
- Colegio Secundario Proyectos Escuelas I: $35.165.010,64.
“El cargo implica que el cuentadante debe devolver el dinero cuando no hay comprobantes respaldatorios”, explicó Novach en diálogo con Infopico Radio. En este caso, al no haberse presentado ninguna documentación, el cargo se formula por la totalidad de las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación durante 2024.
Cronología de incumplimientos
La funcionaria detalló que la fecha límite para rendir cuentas era el 28 de febrero de 2025. Ante la falta de respuesta, el Tribunal envió un recordatorio el 14 de febrero, una intimación formal el 25 de marzo y notificó a las escuelas el 8 de abril, otorgándoles un plazo de 10 días.
Finalmente, al 12 de agosto, fecha en que se emitieron las sentencias, ninguna institución había cumplido con la presentación de la documentación.
Los directivos sancionados (directores, vicedirectores y secretarios) tienen ahora 10 días hábiles para interponer un recurso de revocatoria. Si presentan las rendiciones y justifican los gastos, el Tribunal podrá revocar los cargos millonarios, aunque las multas se mantendrán por no haber cumplido en tiempo y forma.
En caso contrario, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado, que iniciará un proceso de ejecución judicial y podrá embargar bienes de los responsables.
Antecedentes y advertencia
Novach recordó que estas escuelas ya tenían antecedentes de incumplimientos en 2023, con pedidos de prórrogas, cargos y multas acumuladas.
“Entiendo que a los equipos directivos les pesa esta tarea y suelen decir ‘yo soy maestra’, pero en la función pública también están las responsabilidades administrativas. No se trata de fondos propios, sino de recursos públicos”, advirtió la vocal.
Pese a la gravedad administrativa, aclaró que el dinero habría sido utilizado por los establecimientos para su funcionamiento, aunque la falta de comprobantes lo convierte legalmente en un faltante a justificar.
