“La única opción es juicio por jurados sí”
Durante la reunión, Marcos Paz remarcó que se trata de una deuda histórica con la Constitución Nacional de 1853.
“No existe la opción de juicio por jurados no. La única opción es juicio por jurados sí”, afirmó, subrayando que ya son 14 las provincias que lo aplican y que La Pampa no puede quedar rezagada.
En su exposición, destacó además la importancia de avanzar hacia el modelo anglosajón, en el cual la decisión final recae en los ciudadanos. “Este proyecto se enmarca en esa línea, y eso merece un reconocimiento”, sostuvo, al tiempo que llamó a los legisladores a dejar de lado las diferencias partidarias para priorizar la calidad democrática.
Reclamos por ajustes y participación ciudadana
Por su parte, Vanesa Ranocchia recordó que la Constitución establece desde hace casi 200 años la obligación de juzgar los delitos penales mediante jurados populares.
“No es una opción, es una obligación que aún no hemos cumplido”, señaló, destacando que el sistema fue adoptado por provincias gobernadas por distintos signos políticos, lo que prueba que trasciende las banderas partidarias.
La abogada respaldó que se contemple la participación del jurado en delitos con penas mayores a 15 años, pero cuestionó que sea la fiscalía la que defina los casos. Además, propuso ampliar los requisitos para integrar jurados: incluir a mayores de 18 años, eliminar el límite máximo de edad y suprimir la exigencia de oficio o profesión. “El jurado debe estar compuesto por ciudadanos comunes, con sus luces y sombras, como cualquier integrante de la sociedad”, expresó.
Opiniones legislativas y preocupaciones
En la ronda de consultas, el diputado Matías Traba planteó la posibilidad de que el imputado pueda optar por ser juzgado por jurados populares. Juan de la Vega apoyó la idea:
“Muchas veces los jueces no reflejan cómo piensa el pueblo. Incorporar al jurado aporta esa mirada social y garantiza que el imputado esté igualmente sometido al debido proceso”.
Por su parte, la legisladora María Laura Trapaglia consultó sobre eventuales riesgos de represalias en una provincia pequeña. Paz minimizó esas preocupaciones y recordó que los jueces tampoco han tenido inconvenientes de ese tipo: “Si el jurado absuelve, no habrá represalias, porque hablamos de delitos con penas mayores a 15 años”.
Un debate histórico
Los abogados coincidieron en que la discusión no solo responde a una deuda constitucional, sino también a la necesidad de democratizar el Poder Judicial, el único que aún no incorpora mecanismos de participación ciudadana directa.
“Tenemos la oportunidad de hacer la mejor ley de jurados del país, aprendiendo de las experiencias de otras provincias y adaptándolas a nuestra realidad”, concluyó Ranocchia.
