La deuda reclamada y el antecedente

Según informó el portal Infohuella, el proveedor Hugo Darío Conde presentó una nota acompañada de una factura pendiente de pago. Según lo expuesto, entregó mercaderías al municipio por pedido directo del intendente Guillermo Farana, sin que mediara autorización del cuerpo legislativo local.
Transcurridos más de seis meses desde la entrega, la gestión municipal no ha cumplido con el abono correspondiente. Por tal motivo, el Concejo entendió que se trata de una falta grave en la gestión administrativa municipal.
Qué exige la ordenanza
La norma aprobada impone al intendente Farana la obligación de regularizar el incumplimiento de inmediato. En caso de que la Municipalidad fuere condenada en un juicio por esta deuda, la ordenanza determina que los costos e intereses deberán recaer directamente sobre su persona y patrimonio, sustentando este recargo en lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento N.º 1597.

Aprobación y críticas al Ejecutivo
La ordenanza fue sancionada con el apoyo de ambos bloques del Concejo: los representantes de Cambiemos (Margarita Inés Hernández, Cristina Elena Vázquez y Emanuel Fernández) y del FreJuPa (Mariana Alejandra Frías y María Elizabeth Cabral) votaron a favor. El concejal del FreJuPa, Brian Blanco, se abstuvo.
Desde el Concejo aseguraron que este caso evidencia una falta de responsabilidad y transparencia del Ejecutivo municipal, pues aseguran que se comprometieron fondos sin respaldo legal, sin visibilizar la fuente de financiamiento, ni garantizar el pago oportuno a los proveedores.
Implicancias políticas y legales
Este episodio se suma a otros reclamos anteriores contra la administración de Farana, y podría derivar en acciones judiciales si el proveedor decide litigar. La ordenanza pretende anticipar ese escenario, asignando responsabilidades al Ejecutivo en caso de una sentencia desfavorable.
Además, la tensión política entre el Concejo y la Intendencia adquiere nueva relevancia, especialmente en un contexto donde se cuestiona la transparencia en la gestión municipal.

















