Condiciones para acceder a la regulación
Según la iniciativa, las cooperativas deberán entregar datos técnicos, financieros y comerciales verificables, junto con planes de inversión y proyecciones de calidad del servicio. Entre los puntos exigidos figuran balances auditados, detalles de inversiones realizadas en los últimos cinco años, estructura tarifaria, costos operativos, subsidios recibidos, destino de excedentes, así como indicadores sobre calidad del servicio (cortes, tiempos de respuesta y planes de contingencia).
Cuadrado plantea además que la Mesa de Monitoreo esté integrada por representantes del Poder Ejecutivo (Secretaría de Energía y Minería y APE), el Poder Legislativo, la UNLPam, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, la Defensa del Consumidor, asociaciones de usuarios y la FEPAMCO. Su misión sería supervisar los convenios, recomendar medidas de mejora y publicar informes semestrales de acceso público, garantizando mayor transparencia.
El decreto del Ejecutivo
El decreto vigente establece que las deudas vencidas al 30 de septiembre de 2025 podrán regularizarse en hasta 120 cuotas mensuales, con un interés del 1,5% mensual sobre saldos (más IVA y percepciones), y un anticipo mínimo del 20%. En caso de incumplimiento, se aplicará la tasa de interés del Banco de La Pampa para préstamos a 180 días y se habilita el reclamo judicial a través de Fiscalía de Estado. También prevé otorgar financiamiento a quienes ya tienen convenios en curso y a cooperativas que aún no han regularizado su situación.
La postura de la legisladora
Cuadrado aclaró que no se opone a la medida:
“Es una herramienta más para asistir a las cooperativas frente al déficit que sufren por el aumento de la energía en el mercado mayorista y la situación económica general. Pero debe aplicarse bajo condiciones claras”.
La diputada recordó que en 2022 ya se habían firmado convenios similares, con una tasa anual del 18,25% y a 120 cuotas bajo sistema francés, pero al cierre de 2024 la deuda superaba los 9.000 millones de pesos. Además, remarcó que la propia APE reconoce que no realiza auditorías externas, limitándose a recibir declaraciones juradas de las entidades.
“No puede haber salvatajes financieros con fondos públicos sin información, sin planes de inversión ni compromisos de mejora. Los usuarios deben saber cómo se usa cada peso de su factura y el Estado tiene la obligación de auditar”, enfatizó.
Transparencia y derechos de los usuarios
Finalmente, Cuadrado subrayó que La Pampa no registra deudas con CAMMESA, y que cada retraso de las cooperativas se cubre con fondos públicos.
“Eso exige información transparente y un monitoreo riguroso de cada convenio. Solo así se fortalecerá la política energética, se garantizarán las inversiones y la calidad del servicio, protegiendo a los usuarios y a toda la ciudadanía pampeana”.
