Durante la jornada, los abogados defensores del funcionario, Seila Domínguez Ardohain y Rodrigo Villa, expusieron sus argumentos para sostener que algunas de las evidencias ofrecidas por la Procuración no deberían ser incorporadas al expediente. Por su parte, el procurador general Mario Oscar Bongianino, acompañado por el secretario Cristian Much, defendió la validez de las pruebas y solicitó que sean admitidas para el juicio.
El jurado de enjuiciamiento deberá resolver ahora si acepta o rechaza esas pruebas. El cuerpo está presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, e integrado además por las diputadas provinciales Silvia Larreta y Andrea Valderrama, y los abogados de la matrícula Cristian Sebastián Zaikoski (Bernasconi) y Federico Lamelo (Santa Rosa).
Mendiara, fiscal general con asiento en General Acha, enfrenta tres denuncias formalmente presentadas y ratificadas: una del Superior Tribunal de Justicia, otra del bloque de legisladores del Frente Justicialista Pampeano, y una tercera impulsada por representantes de la UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada.
La acusación se encuadra en la causal de “desorden de conducta” prevista en el artículo 21, inciso 2°, de la Ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento, y surge a partir de hechos de dominio público ocurridos en la localidad de Victorica.
