Durante el encuentro participaron como invitados Lilia López, secretaria general de la CTA; Noemí Tejeda, secretaria administrativa de la misma central; Carlos Fernández, asesor letrado de UTELPa; y Darío Muñoz, secretario de Ambiente del sindicato docente.
En su intervención, Tejeda recordó que desde la sanción de la normativa nacional en 2017 “la CTA, junto a la Intersindical de Salud de los Trabajadores, rechazó esta ley”, al considerar que “profundiza un modelo que traslada al ámbito privado la gestión de los accidentes y enfermedades laborales”.
La dirigente sindical destacó que la postura del sector siempre fue “promover una ley de prevención y no de riesgos”, con el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras antes que asignar un valor económico a los daños producidos. En ese sentido, advirtió que “las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas con fines de lucro que operan bajo una regulación insuficiente”, y que “la modificación impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri agravó un sistema que ya estaba privatizado desde los años noventa”.
Tejeda también señaló que la adhesión provincial “burocratiza los trámites de reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales”, al obligar a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. “En la práctica, estas comisiones rara vez revierten lo que dictaminan las ART, lo que deja a los trabajadores en una situación de desprotección”, sostuvo.
Asimismo, manifestó su preocupación por el plazo de 45 días establecido en el proyecto para la presentación de reclamos, y recordó que la Justicia bonaerense declaró inconstitucional una norma similar que fijaba un plazo de 90 días. “Estamos frente a una ley que no beneficia a los trabajadores ni a las trabajadoras, y tampoco a los empleadores; los únicos favorecidos son los grupos aseguradores”, remarcó.
Por su parte, el asesor legal de UTELPa, Carlos Fernández Artíco, indicó que el texto “presenta contradicciones internas”, ya que “por un lado sostiene que busca garantizar derechos laborales, pero al mismo tiempo procura disminuir la litigiosidad, dos objetivos que no son compatibles”.
Fernández Artíco advirtió además que la adhesión “consolida la privatización de la salud laboral” y “vulnera el principio de reparación integral ante un daño”. En su cierre, señaló: “El único patrimonio que tiene un trabajador es su fuerza de trabajo. Si una enferm
