Según informó El Diario, el procedimiento se llevó adelante tras el análisis de comunicaciones telefónicas que habrían detectado la participación del trabajador municipal como presunto nexo entre quienes sustrajeron los productos y quienes los adquirieron.
La causa se originó a partir de la denuncia de una comerciante de Uriburu, quien reportó el robo de agroquímicos por una suma cercana a los 250 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación, los productos sustraídos habrían sido vendidos a productores de Anguil y Villa Maza (provincia de Buenos Aires), quienes —según señalan fuentes cercanas al caso— no estarían al tanto del origen ilícito de la mercadería.
Báez fue trasladado para prestar declaración y no sería el único implicado: en la causa también aparece mencionado su hermano, de apellido Santamaría.
Además, durante la jornada se realizaron allanamientos en distintos domicilios de Catriló en busca de más elementos de prueba. La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Rurales, Oscar Cazenave, quien continúa reuniendo información para determinar el alcance total de la maniobra y las responsabilidades involucradas.
