En la sesión donde se aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026, la diputada María Luz Alonso (FREJUPA) abrió el debate con una frase que sintetizó el clima general: “Todas las reestructuraciones presupuestarias que había visto eran por excedentes; esta vez tratamos una por faltantes”. A partir de ese punto, describió un escenario marcado por proyecciones macroeconómicas discutidas, recortes nacionales y obras paralizadas que la provincia debió asumir con recursos propios.
Alonso cuestionó las pautas que fija el Gobierno Nacional para 2026, especialmente una inflación estimada del 10,1% y un dólar proyectado en $1.423, señalando que esas previsiones carecen de sustento real. También advirtió que la anunciada reforma tributaria tendrá impacto directo en las provincias, dado que el 59% de los ingresos pampeanos provienen de la Nación. Sumó a este panorama el deterioro del consumo, la mayor mora en tarjetas y el incremento de cheques rechazados.
La diputada recordó además que la Legislatura debió aprobar una ley de emergencia para que La Pampa asumiera obras paralizadas por el Gobierno Nacional. Comparó la situación provincial con jurisdicciones vecinas que debieron endeudarse para pagar gastos corrientes y destacó que La Pampa evitó ese camino por “responsabilidad política y responsabilidad fiscal”. Cerró afirmando que, en un escenario de incertidumbre absoluta, la prioridad es sostener el funcionamiento del Estado y garantizar servicios esenciales.
En su cierre, Alonso sostuvo que desde la oposición desean que al país le vaya bien porque eso impactará en la provincia. Afirmó que el presupuesto aprobado no es el que desean pero sí el que pueden concretar en el actual contexto. Finalizó remarcando que no darán un paso atrás “ni con la historia ni con la doctrina” que los representa.
El diputado Daniel Lovera aportó el análisis técnico del proyecto. Explicó que el cálculo de recursos para 2026 asciende a $2,29 billones, mientras que las erogaciones previstas alcanzan los $2,33 billones. Detalló que el 98% de los recursos corresponden a ingresos corrientes y que los recursos tributarios provinciales representan un 25% del total. Señaló que Ingresos Brutos constituye el 19% de los recursos generales y el 77% de la recaudación provincial, posicionándose como la principal fuente de financiamiento.
Lovera destacó que el presupuesto manifiesta solvencia fiscal, prudencia administrativa y una fuerte orientación hacia las áreas sociales. Indicó que la inversión pública se programó en función de los recursos disponibles y que la provincia mantiene un perfil de deuda controlado. Consideró que el proyecto consolida un modelo de administración responsable que prioriza salud, educación, estabilidad fiscal y autonomía provincial.
Desde la oposición, el diputado Altolaguirre cuestionó las prioridades del Ejecutivo, especialmente la inversión prevista para rutas provinciales. Señaló que parte de las obras dependen de recursos nacionales de afectación específica y que, en moneda constante, la inversión total en obra pública es menor que en 2025. También criticó la escasa información sobre altas y bajas de personal y manifestó su preocupación por incluir en el presupuesto artículos que modifican otras leyes, lo que definió como “violación del principio de exclusividad”.
La diputada Laura Trapaglia planteó diferencias profundas respecto al orden de prioridades del gasto. Afirmó que el presupuesto es mucho más que un instrumento financiero y debe orientar el desarrollo provincial. Consideró inadmisible que la Secretaría de Gobierno tenga asignaciones similares al Ministerio de la Producción y sostuvo que ello refleja prioridades incoherentes con las necesidades estratégicas de La Pampa.
La diputada Fonseca reforzó los cuestionamientos y afirmó que existe un “recorte encubierto” que deja al Estado sin capacidad de respuesta. Señaló que las partidas no reflejan una estrategia integral para enfrentar la crisis y que la estructura de gasto muestra desequilibrios que afectan áreas esenciales.
El diputado Espartaco Marín respondió a las críticas señalando que la Nación dejó de enviar alrededor de $460.000 millones a La Pampa, equivalentes al 20% del presupuesto provincial. Señaló que criticar partidas menores sin contemplar este faltante es “injusto” y distorsiona la discusión. Aclaró que la ralentización de la obra pública no es ajuste sino consecuencia de la caída de recursos nacionales, y subrayó que en educación hay incrementos significativos en bienes, servicios, transferencias e infraestructura.
Marín defendió la decisión de priorizar el sostenimiento de la caja previsional y recordó que los jubilados viven en todas las localidades, por lo que garantizar su ingreso también implica atender al interior provincial. Añadió que la provincia anunció más de $20.000 millones en inversión vial, mientras que Nación proyecta corredores viales con peajes en Lonquimay y Larroudé sin obras concretas. Recordó además que mientras los programas Procrear permanecen congelados, la provincia continúa ejecutando los planes Mi Casa 1, 2, 3 y 4.
