El documento revela que la población alojada en comisarías, subcomisarías y alcaidías del país aumentó de manera sostenida en la última década, sin que se hayan implementado medidas estructurales de descompresión. El crecimiento de personas privadas de libertad en dispositivos policiales, originalmente diseñados para detenciones breves, genera una tensión permanente entre la capacidad operativa y los estándares básicos de derechos humanos. La falta de infraestructura adecuada, combinada con el incremento de detenciones prolongadas, deriva en espacios saturados y poco aptos para estancias de largo plazo.
El informe describe también deficiencias materiales severas en muchos lugares de detención. Entre los problemas señalados aparecen el uso de celdas pequeñas, condiciones deficientes de higiene, escasa ventilación natural, iluminación insuficiente, colchones deteriorados y ausencia de camas individuales. A esto se suma la utilización de áreas no destinadas al alojamiento, como pasillos y sectores administrativos, que terminan funcionando como celdas improvisadas ante la falta de capacidad en las unidades previstas originalmente.
En abril de 2025, una delegación del organismo visitó La Pampa y recorrió diversos dispositivos provinciales, entre ellos residencias de niños, niñas y adolescentes, centros de salud mental, residencias de personas mayores y comunidades terapéuticas. La inspección incluyó entrevistas con personas alojadas, observación de rutinas diarias, verificación de condiciones edilicias y reuniones con funcionarios responsables de cada área. El equipo reconoció ciertos avances locales, aunque anticipó la necesidad de formular recomendaciones específicas para mejorar los estándares en todas las instituciones relevadas.
Uno de los ejes centrales del informe es la ampliación del concepto de encierro, que ya no se limita únicamente al ámbito penitenciario. El análisis subraya que existen otras formas de institucionalización que también requieren monitoreo, como hogares de niñez sin cuidados parentales, residencias de adultos mayores y centros de salud mental. Estos espacios, aun cuando no tienen carácter penal, pueden presentar vulneraciones relacionadas con la autonomía, la integridad física, la atención sanitaria y el contacto con familiares.
Para provincias como La Pampa, que no cuentan con un servicio penitenciario propio y dependen del alojamiento de personas detenidas en otras jurisdicciones, los desafíos son aún mayores. El monitoreo debe abarcar tanto las condiciones de quienes se encuentran fuera del territorio provincial como el funcionamiento cotidiano de los dispositivos sociales y sanitarios internos. La ausencia de un mecanismo local de prevención de la tortura también limita la posibilidad de establecer controles regulares y procedimientos unificados de intervención.
El organismo plantea que es urgente impulsar políticas de deshacinamiento, promover el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, mejorar el acceso a la defensa pública y garantizar condiciones materiales adecuadas en todos los lugares de alojamiento. Del mismo modo, recomienda fortalecer las estrategias de intervención en residencias de niñez y vejez, con controles periódicos, participación comunitaria, transparencia de datos y capacitación continua del personal encargado de tareas de cuidado.
En su evaluación final, el informe concluye que las debilidades del sistema de encierro argentino forman parte de un problema estructural que requiere respuestas integrales y sostenidas. Para La Pampa, la visita dejó en claro que existen avances valorables, pero también áreas sensibles que demandan una acción estatal más firme. El desafío será transformar los diagnósticos en políticas concretas que garanticen dignidad, derechos y protección para todas las personas que atraviesan situaciones de institucionalización en territorio provincial.
