En la actualidad, la administración pública nacional contabiliza cerca de 285 mil empleados, y desde el inicio de la gestión ya se produjo una importante disminución de personal. Este nuevo recorte se inscribe en un proceso más amplio de revisión, que busca eliminar áreas consideradas redundantes, reorganizar funciones y limitar la renovación de contratos.
Quiénes serían alcanzados por el ajuste
Según informó La Nación, el plan contempla una revisión integral de estructuras estatales que incluye organismos técnicos, entes reguladores, institutos de investigación, áreas de control y empresas públicas. El Gobierno analiza caso por caso para determinar dónde se producirán bajas, evitando aplicar un porcentaje uniforme. La decisión final se basará en la detección de superposiciones, la caída de contratos y la redefinición de competencias.
También se proyectan fusiones o cierres de dependencias que se consideren innecesarias o ineficientes, así como la continuidad del plan de privatización de determinadas empresas estatales.
Cómo se implementaría el recorte
El ajuste comenzaría de manera escalonada. Una parte de las desvinculaciones se concretaría en el corto plazo, mientras que otra se dará a medida que venzan contratos durante el primer semestre de 2026. En paralelo, se reforzará el control sobre la incorporación de personal: toda nueva vacante, ya sea por renuncia, jubilación o retiro, sólo podrá cubrirse con autorización expresa de la Jefatura de Gabinete.
El proceso es coordinado por la Jefatura de Gabinete junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene a su cargo la revisión estructural de cada dependencia.
Impacto en los servicios y en la administración pública
La reducción prevista podría generar cambios significativos en la prestación de servicios estatales, especialmente en áreas técnicas y de investigación. También podría influir en organismos que administran prestaciones sociales, regulan sectores sensibles o brindan asistencia cotidiana a la ciudadanía.
El desafío será compatibilizar el objetivo de achicar el gasto público con la necesidad de sostener la capacidad operativa del Estado, en un contexto en el que ya se registraron miles de bajas durante los primeros meses de gestión.
