Entre 2006 y 2025, el RPDA registró un total estimado de 397 inscripciones, de las cuales 345 permanecen activas y 52 fueron canceladas por cumplimiento, prescripción o fallecimiento del deudor.
El análisis por género muestra una marcada desigualdad:
- 393 inscripciones corresponden a varones,
- solo cuatro a mujeres, en todos los casos abuelas obligadas alimentarias.
Además, el organismo identificó 25 personas reincidentes, con más de un expediente asociado, lo que evidencia trayectorias prolongadas de incumplimiento y la necesidad de intervenciones judiciales y administrativas específicas.
Un registro de consulta cotidiana: más de 104.000 certificados emitidos
La Dirección General del Registro Civil destacó también la magnitud del trabajo diario vinculado a la emisión de certificados de libre deuda alimentaria, un requisito transversal para numerosos trámites públicos y privados.
Entre 2018 y 2025, se emitieron más de 104.000 certificados, entre gestiones presenciales y solicitudes web. Ese volumen generó casi 400.000 consultas en la base de datos del Registro Provincial.
Estos certificados son requeridos para:
- concursos públicos y licitaciones,
- habilitaciones comerciales,
- licencias de conducir,
- designación de personal,
- trámites administrativos en organismos provinciales y municipales.
Descentralización, accesibilidad y tiempos de respuesta ágiles
Uno de los rasgos distintivos del modelo pampeano es su descentralización: los certificados pueden solicitarse en todos los Registros Civiles del interior, a través de correo institucional, y desde la plataforma CiPADI (Ciudadanía Pampeana Digital).
Los tiempos de respuesta, según informó el organismo, suelen ser inferiores a un día hábil, lo que convierte al RPDA en una herramienta accesible y dinámica tanto para la ciudadanía como para las instituciones que la utilizan.
Una herramienta clave contra la violencia económica
Las autoridades remarcaron que el RPDA es fundamental en la lucha contra la violencia económica, una de las formas de violencia más extendidas y menos visibilizadas.
Su funcionamiento se sostiene sobre tres ejes centrales:
- Inscribir a las personas que adeudan alimentos fijados u homologados judicialmente.
- Visibilizar el incumplimiento a través de la emisión de certificados.
- Vincular esa conducta con consecuencias concretas en trámites bancarios, concursos, habilitaciones y licencias estatales.
El Registro Provincial de Deudores Alimentarios se consolida así como una política pública activa destinada a garantizar derechos, promover responsabilidad parental y reforzar las herramientas de control y transparencia dentro del Estado.
