Según manifestaron, más de 500 firmas de familiares de víctimas de todo el país y de expertos en la temática respaldan el reclamo, al considerar que la medida implica un retroceso en las políticas de prevención y control vial. Señalaron que Argentina continúa registrando cifras elevadas de muertes y personas heridas por hechos de tránsito, una situación que —afirman— requiere reforzar la presencia estatal y no reducirla.
En ese sentido, remarcaron que los registros de víctimas fatales y lesionados de las últimas semanas evidencian la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en rutas y caminos, con mayor control y articulación entre los organismos responsables.
Los firmantes destacaron que la experiencia demuestra que los operativos realizados por la ANSV y por Gendarmería Nacional cumplen funciones complementarias. Advirtieron que una disminución de la participación de la Agencia podría afectar la prevención de conductas de riesgo frecuentes, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante y la falta de uso de casco o cinturón de seguridad.
Asimismo, señalaron que, en caso de concretarse una transferencia de responsabilidades, resulta indispensable garantizar capacitaciones de alta calidad para el personal a cargo de los controles. En ese marco, subrayaron la necesidad de contar con profesionales especializados en seguridad vial y en la formación de fuerzas, con materiales actualizados, equipos docentes idóneos y una mirada federal.
Finalmente, los familiares de víctimas hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que se mantenga y refuerce el trabajo coordinado entre la ANSV y Gendarmería Nacional, se aseguren controles constantes y profesionales en todo el país y se revise la decisión adoptada, teniendo en cuenta la experiencia de quienes han sufrido de manera directa las consecuencias de la inseguridad vial.
